El jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucionales dos artículos del Decreto 121 de 2025, por exceder los límites de la conmoción interior y poner en riesgo la seguridad estructural y ambiental en la región.
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó a la Corte Constitucional derogar los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 121 de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro bajo la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo. La petición, conocida el 9 de abril, advierte sobre los riesgos constitucionales y técnicos de dichas medidas.
De acuerdo con el Ministerio Público, las disposiciones objetadas autorizan acciones que “no están directamente encaminadas a solventar las causas de la perturbación”, lo que excede el alcance permitido bajo un estado excepcional. Según Eljach, los artículos tienen una “vocación de permanencia” y podrían alterar de manera irreversible el ordenamiento territorial, ambiental y administrativo.
El artículo 4 permite que los alcaldes de 19 municipios del Catatumbo ajusten sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para reasentar población desplazada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. También contempla la incorporación de terrenos rurales al perímetro urbano, construcción de viviendas rurales sin licencias urbanísticas y el uso de materiales no contemplados por la Ley 400 de 1997, que regula edificaciones sismorresistentes.
El procurador advirtió que esto podría dar lugar a asentamientos mal planificados, con riesgos para la salubridad, la seguridad estructural, el acceso a servicios públicos y la vialidad. Igualmente, cuestionó la sustracción rápida de predios en reservas forestales, lo que comprometería áreas de conservación natural bajo una lógica de emergencia que no justifica impactos permanentes.
Respecto al artículo 5, Eljach criticó que se faculte al Ministerio de Vivienda para ejecutar obras de agua y saneamiento básico sin dejar claro el origen de los recursos. “El Gobierno nacional no establece los recursos con los que se hará”, señaló, advirtiendo un posible desplazamiento de recursos departamentales y municipales.
El contexto de estas medidas es alarmante: más de 57.000 personas han sido desplazadas por la violencia en la región. Sin embargo, el procurador concluyó que “lejos de ofrecer una respuesta inmediata y adecuada a la crisis, incrementa el riesgo de asentamientos inseguros e informales”.
La decisión final quedará en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar la exequibilidad de los artículos cuestionados y el equilibrio entre el uso legítimo del poder extraordinario y el respeto a los principios constitucionales.
Y.A.
