Lo que empezó mal, sigue mal. La crisis de la ESE UNA, la red pública hospitalaria del Atlántico, es hoy el reflejo de un sistema colapsado que intenta mantenerse a flote en medio de una tormenta financiera y estructural que parece no tener fin.
Nacida en noviembre de 2021 como una apuesta para centralizar y fortalecer la atención en salud en el departamento, la ESE UNA no recibió el capital semilla prometido de 72 mil millones de pesos. Desde su origen arrastró deudas que hoy alcanzan los 112 mil millones y la han dejado sin margen de maniobra para cubrir gastos básicos como servicios públicos o el pago de proveedores, entre ellos los encargados de suministrar insumos vitales como el oxígeno.
Pablo De la Cruz, gerente saliente, reconoció que asumió el reto con plena conciencia del “chicharrón” que representaba dirigir una entidad que ya debía 76 mil millones de pesos al momento de su llegada, y que ahora opera con lo mínimo, gracias a un recaudo que no alcanza ni el 40 % de la facturación. Aunque esta última ha aumentado, pasando de 9 mil a 13 mil millones mensuales, los pagos por parte de las EPS son cada vez más inciertos, profundizando el hueco financiero.
La situación se agrava por una serie de contratos de 15 años firmados con “aliados” desde su creación, que absorben gran parte de la facturación y dejan muy pocos recursos para el sostenimiento real de la entidad. Contratos que, según el propio De la Cruz, han resultado “nocivos” para la viabilidad de la ESE.
Mientras tanto, en hospitales como el Juan Domínguez Romero, en Soledad, el panorama es desolador: una moderna sede que parece un cascarón vacío, servicios esenciales como ginecología y pediatría que apenas funcionan, y una alarmante escasez de personal médico. Las quejas de los usuarios crecen, al igual que el miedo de los trabajadores, quienes han amenazado con dejar de laborar ante los retrasos en el pago de sus salarios.
El director del hospital confirmó el cierre parcial de servicios y la reducción de su capacidad operativa al 50 %, producto tanto del impago como de la inseguridad en la zona. Se necesitan al menos ocho médicos generales para cubrir las necesidades básicas de atención, pero no hay forma de contratarlos.
La Superintendencia de Salud ya concluyó una auditoría sobre la entidad y socializó los hallazgos con la Gobernación del Atlántico. Todo apunta a que se abrirá una última oportunidad: un plan de mejoramiento antes de una posible intervención.
Con deudas en aumento, contratos asfixiantes y una operación debilitada, la ESE UNA lucha por no morir antes de cumplir cuatro años. Pero sin recursos ni reformas de fondo, ese certificado de defunción parece estar ya redactado.
