El Sindicato de Industria de Trabajadores de los Centros Comerciales, Almacenes de Cadena y Afines –UNICENTRA– denunció ante este medio y la opinión pública una serie de presuntas violaciones sistemáticas a los derechos laborales cometidas por las empresas Tierra Santa S.A.S., Sarta & Aragón Consultores S.A.S. y la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. (SAE).
De acuerdo con el comunicado del sindicato, más de 12 trabajadores, incluyendo a miembros de su Junta Directiva, fueron despedidos de forma masiva e ilegal el pasado 24 de febrero, apenas horas después de haberse notificado la creación de la organización sindical. UNICENTRA alega que se trata de una clara retaliación antisindical que viola el fuero sindical protegido por el Código Sustantivo del Trabajo y tratados internacionales de la OIT ratificados por Colombia.
El sindicato también responsabiliza a la SAE, entidad estatal encargada de la administración de activos en procesos judiciales, por no supervisar a su depositario provisional, Sarta & Aragón Consultores S.A.S., permitiendo prácticas que consideran abiertamente contrarias a la ley laboral y los derechos humanos.
A esta situación se suma la omisión del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, que declaró improcedente una acción de tutela interpuesta por el sindicato, a pesar de que existen precedentes jurisprudenciales que amparan este tipo de casos cuando hay persecución sindical.
Según el sindicato, las empresas no han respondido al pliego de peticiones radicado el 26 de marzo ni han cancelado las liquidaciones, cesantías ni prestaciones sociales a los trabajadores despedidos, muchos de los cuales son madres cabeza de hogar o personas con discapacidad.
Además, se denuncian irregularidades procesales como la presentación extemporánea de contestaciones judiciales y la falta de legitimidad en la representación legal de una de las compañías involucradas.
Exigencias al Estado y comunidad internacional
UNICENTRA hace un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que intervenga y exija a la SAE el cumplimiento de sus responsabilidades legales, incluyendo el reintegro de los trabajadores despedidos, el pago de sus acreencias y la sanción de las irregularidades cometidas.
También se solicita al Tribunal Superior Laboral de Barranquilla que aplique los estándares de la OIT en el análisis de la tutela radicada y al Ministerio del Trabajo que realice una inspección inmediata a las empresas denunciadas.
Finalmente, el sindicato apela a la solidaridad internacional y a la intervención de organismos como la OIT y el Comité de Libertad Sindical para que investiguen las denuncias presentadas.
“Pedimos justicia para estas familias cuyo único ‘delito’ fue organizarse para defender su dignidad. La justicia que tarda, niega”, concluye el comunicado, citando una sentencia de la Corte Constitucional colombiana.
