Familiares de pacientes en diálisis alertan sobre el traslado forzado desde Nefrouros debido a incumplimientos de pago por parte de Cajacopi. Temen por la salud y vida de sus seres queridos.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
La angustia de decenas de pacientes renales y sus familias ha alcanzado niveles alarmantes. En una denuncia pública realizada por una hija afectada, se evidencian las decisiones arbitrarias que la EPS Cajacopi ha comenzado a implementar por su presunta falta de pago a la IPS Nefrouros, entidad en la que estos pacientes vienen recibiendo su tratamiento de diálisis desde hace años. La medida implica un cambio de centro médico sin el consentimiento de los pacientes, lo cual, para muchos, representa un peligro para su salud física y emocional.
“Al ver la situación tan desesperada de un grupo de pacientes renales los cuales arbitrariamente van a ser trasladados, esto porque la EPS Cajacopi no paga”, denunció con gran preocupación la hija de Carmen Cruz Pérez, una mujer de la tercera edad que lleva más de cinco años en tratamiento de diálisis en Nefrouros. La inquietud no es menor: su madre ha logrado mantener la enfermedad bajo control gracias a la atención recibida en este centro. “Ahí le tienen controlada la enfermedad y me tienen viva a mi madre. Me da mucho miedo que se muera”, agregó.
Según relata, la propuesta de traslado no solo carece de fundamento médico, sino que además implica un cambio de horario indigno: “Quieren pasarla para un turno de 10 de la noche a 2 de la madrugada”. Para una persona de edad avanzada, con un cuadro clínico complejo, este horario representa una amenaza a su bienestar.
El caso de Carmen no es aislado. Son muchos los pacientes que expresan su rechazo al traslado impuesto. “No queremos que cambien a mi madre”, insiste su hija. Y como ella, decenas de familiares han firmado una carta que fue enviada a las directivas de la EPS, exigiendo respeto y dignidad en la atención de sus seres queridos. En las imágenes adjuntas, se puede leer el testimonio conjunto que describe con contundencia: “La situación es inhumana”.
Además, los afectados aseguran que no han recibido ninguna respuesta oficial por parte de Cajacopi. “No nos han querido dar respuesta formal por parte de la EPS”, enfatiza la denunciante. La incertidumbre se convierte en ansiedad y miedo. Muchos de estos pacientes llevan años siendo tratados en el mismo lugar, han construido lazos con el personal médico y ven en ese espacio una suerte de refugio en medio del dolor y el deterioro que produce su enfermedad.
“El proceso de diálisis no es fácil, nosotros venimos acá tres veces por semana y esta es nuestra segunda casa”, señala la hija de Carmen Cruz Pérez, con una mezcla de resignación y rabia. La relación con el lugar trasciende lo médico, se trata de una conexión emocional forjada por años de cuidado y atención constante. Por eso, sienten que el trato de la EPS ha sido deshumanizante. “Para la EPS somos solo objetos y nos han estado enviando mensajes que a partir de X fecha seremos atendidos en otro lado”.
La incertidumbre sobre el nuevo centro de atención también es motivo de preocupación. “Seguramente si allá no pagan, en un tiempo nada lejano también nos sacarán peor que a los perros”, advierte la afectada. Una frase cruda pero reveladora del nivel de desesperación que embarga a los pacientes y sus familias, que temen ser abandonados o tratados con negligencia en medio de una crisis económica que no han causado.
Carta Radicado Pacientes Cajacopi by LIBERTAD DIARIO
Este caso pone en evidencia las fallas estructurales del sistema de salud colombiano, donde los conflictos administrativos entre EPS e IPS terminan afectando de manera directa a los pacientes más vulnerables. La falta de continuidad en la atención médica especializada y la toma de decisiones sin consulta previa a los usuarios son reflejo de un sistema que prioriza el factor financiero sobre la dignidad humana.
Más allá de los tecnicismos legales o contractuales, lo que está en juego es la vida de personas como Carmen, cuya estabilidad depende de rutinas médicas estrictas y ambientes familiares. Cambiarles el centro de atención y los horarios sin justificación clínica es, como han expresado sus familias, un acto de violencia institucional. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién responde si ocurre una tragedia?
Y.A.
