El presidente Gustavo Petro reveló una investigación que destapó vínculos entre empresas de vigilancia, crimen organizado y exoficiales de la Policía, con más de 100 armas incautadas y licencias irregulares.
En medio del sexto consejo de ministros televisado, realizado la noche del 7 de abril, el presidente Gustavo Petro reveló una compleja red de corrupción y criminalidad que involucra a empresas de seguridad privada, con nexos directos con organizaciones delictivas y exoficiales de la Policía Nacional. La denuncia se sustenta en una investigación conjunta de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Fiscalía General de la Nación.
Durante el operativo fueron capturados tres representantes legales de empresas de vigilancia, señalados de estar al servicio de estructuras criminales. Se trata del coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva y Jorge Oswaldo Castaño Galindo, este último representante legal de Seguridad Sara Ltda. Las detenciones se realizaron en Bogotá y Barranquilla.
Además, las autoridades incautaron más de 100 armas de fuego, entre pistolas, revólveres y escopetas, junto con cartuchos, celulares y memorias USB. Las investigaciones apuntan a que estos elementos habrían sido suministrados ilegalmente a alias El Caballista, alias Pájaro —implicados en la fuga del narcotraficante ‘Matamba’— y alias Terror, recientemente dado de baja por la Policía.
El Gobierno nacional encendió las alarmas al identificar que al menos 62.664 armas de fuego oficiales están extraviadas y podrían estar en manos del crimen organizado. A esto se suma el hallazgo de 197 empresas de vigilancia con licencias vigentes, pero que figuran como inactivas en los sistemas oficiales, lo que las deja fuera del control estatal. En 2024, 16 licencias ya han sido canceladas por trámites irregulares, incluso con la participación de funcionarios del actual gobierno, quienes fueron removidos e investigados.
La situación ha generado preocupación entre los gremios del sector. Juan Carlos Medina, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, advirtió que “es necesaria una modernización de la Supervigilancia para tener más herramientas que permitan supervisar el sector”. Por su parte, el brigadier general (r) Juan Carlos Buitrago Arias señaló que este sector emplea a 400.000 personas en 10.000 empresas registradas, con un número similar en la informalidad, lo que agrava el desafío institucional.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que continuará el control a la Supervigilancia, que deberá fortalecerse con mayor transparencia, automatización de servicios y sanciones contundentes contra la corrupción.
Y.A.
