Una carta enviada a la Presidencia propone que se consulte a los colombianos sobre elevar a 70 años la pena máxima para quienes cometan crímenes atroces contra niños, niñas y adolescentes.
En una movida respaldada por congresistas de diferentes colectividades, fue radicada una carta en la Presidencia de la República en la que se solicita al presidente Gustavo Petro incluir en la consulta popular una pregunta orientada a endurecer los castigos contra los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
El documento, firmado por legisladores como Katherine Miranda, Mónica Bocanegra, Ingrid Aguirre, Gabriel Parrado, Armando Zabaraín, Jairo Cristo, Saray Robayo, Karen Juliana López, Paulino Riascos y Claudia Pérez, propone preguntar directamente a la ciudadanía si está de acuerdo con aumentar la pena máxima a 70 años de prisión para quienes cometan estos delitos atroces.
“Nos dirigimos a usted con el deber moral y ciudadano de proponer que dentro de la consulta popular que actualmente está promoviendo, se incluya una pregunta específica para que el pueblo colombiano decida si la pena máxima para asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes debe aumentarse a 70 años de prisión”, dice un fragmento de la carta.
Los firmantes califican como una «vergüenza nacional» las cifras de violencia infantil en el país. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en lo corrido de 2024 se han registrado más de 15.000 casos de abuso sexual contra menores, y más de 500 niños han sido asesinados de manera brutal.
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“No podemos seguir permitiendo que violadores y asesinos de menores reciban penas irrisorias que les permitan salir a la calle tras unos pocos años, reincidiendo y destruyendo más vidas inocentes. La impunidad y la falta de justicia han convertido a Colombia en un paraíso para los depredadores sexuales y homicidas de niños, niñas y adolescentes”, expresaron los legisladores en el documento.
También cuestionaron la debilidad de las sanciones actuales y compararon la legislación colombiana con la de otros países, donde existen mecanismos como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
La representante Érika Sánchez, una de las principales impulsoras de la propuesta, afirmó: “Nosotros no tenemos limitación política cuando queremos defender la niñez. Contamos también con la disposición del Gobierno de recibir la carga y esperamos que el presidente Gustavo Petro tenga el compromiso con el país y con la niñez. Ese será el referente que le va a decir a los colombianos si este gobierno protege o no a nuestros niños, niñas y adolescentes”.
La petición refleja el clamor de una parte del Congreso que exige una reforma punitiva frente a los crímenes cometidos contra los más vulnerables, y plantea un desafío político al Gobierno, que deberá decidir si acoge o no la propuesta dentro del paquete de preguntas de la consulta popular que está promoviendo.
Y.A.
