Hace más de dos meses, el Atlántico quedó sin un procurador ambiental y agrario, después de que el funcionario encargado de este cargo fuera trasladado a otro departamento mediante un acto administrativo al final del periodo de la exprocuradora Margarita Cabello. Esta vacante, lejos de ser un asunto administrativo menor, está comenzando a tener consecuencias graves para la región.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, tiene en sus manos la responsabilidad de restablecer este cargo vital para la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades del Atlántico. Mientras tanto, las innumerables problemáticas ambientales y agrarias de la región son atendidas desde Bogotá, por un funcionario que también debe hacer seguimiento a los problemas de Cundinamarca y Boyacá. Esta situación genera un evidente desafío logístico y operativo, que afecta directamente la autonomía de la región y la eficiencia con la que se abordan los asuntos locales.
La Procuraduría Ambiental y Agraria juega un papel fundamental en la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible de los territorios. Sus funciones incluyen la protección del entorno, el seguimiento a planes de ordenamiento territorial, la supervisión de la gestión de residuos, el manejo de vertimientos, y la regularización de tierras, entre otros. El Atlántico es un departamento con una vasta cantidad de problemáticas que requieren atención inmediata y especializada: desde la protección de la ciénaga de Mallorquín y los arroyos Grande y León, hasta el manejo de basureros a cielo abierto en municipios como Soledad y Malambo, pasando por la regulación de los asentamientos irregulares cercanos al aeropuerto Ernesto Cortissoz.
Este amplio portafolio de responsabilidades hace que sea imposible para un funcionario que se encuentra a miles de kilómetros de distancia dar una respuesta oportuna y efectiva. La falta de un procurador en el Atlántico pone en riesgo el seguimiento y la resolución de temas cruciales como los planes de saneamiento, la gestión de las quemas ilegales en la Isla Salamanca, y la formalización de tierras en zonas rurales. Además, temas como la gestión de vertimientos en varias localidades, los distritos de adecuación de tierras, y el acceso adecuado al puerto de Barranquilla también requieren de atención inmediata, algo que es difícil de lograr desde un escritorio en Bogotá.
Es evidente que Atlántico no puede seguir sin un procurador ambiental y agrario. La ausencia de este cargo está comenzando a afectar la capacidad de la región para abordar de manera efectiva sus problemas ambientales y agrarios, y los resultados de esta falta de acción ya comienzan a notarse.
¿Qué impacto tendrá esta vacante a largo plazo en la calidad de vida de los atlanticenses?
¿Cuánto tiempo más podrán esperar las comunidades afectadas por la contaminación y la informalidad territorial?
Es hora de que el movimiento ambientalista de Atlántico se pronuncie con fuerza sobre esta situación, exigiendo que se restablezca de inmediato el cargo de procurador ambiental y agrario para poder continuar luchando por la preservación del entorno y el bienestar de las generaciones futuras.
¿Está el Procurador General dispuesto a corregir esta omisión?
¿Qué alternativas se tienen mientras tanto para garantizar que los problemas ambientales y agrarios de Atlántico no sigan siendo ignorados?
