La Contraloría General de la Nación denunció la imposibilidad de auditar un total de $2.4 billones destinados a proyectos de Prosperidad Social debido a la falta de documentación. Solo el 2.31% de los 889 convenios interadministrativos relacionados con la entidad contaron con la información necesaria para su revisión, lo que dejó fuera del análisis el 83% de estos acuerdos.
El informe detalló que se seleccionaron convenios desde el 2011 hasta el primer semestre de 2024, y de los que debían ser auditados, Prosperidad Social solo entregó los documentos de 25 convenios. A pesar de las gestiones de la Contraloría, la documentación no se encontraba disponible en los archivos de la entidad, lo que impidió un análisis completo de los recursos y su correcta utilización.
La falta de información fue calificada como un incumplimiento grave, sin precedentes en la historia del control fiscal. No obstante, la Contraloría ha enfatizado que, aunque no se pudo auditar toda la contratación, se evidenció deficiencia en el control y seguimiento de los proyectos, señalando problemas como pagos indebidos, calidad deficiente de las obras, y retrasos en su ejecución.
En consecuencia, Prosperidad Social no solo quedó con una auditoría parcial, sino que también enfrentará investigaciones por 11 hallazgos con impacto fiscal que suman $12.682 millones. Ante esta situación, la Contraloría ha puesto la situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, exigiendo que se tomen las acciones correspondientes para aclarar los hechos y garantizar el buen uso de los recursos públicos.
