Por Andrés Oliver Ucrós
“La Superintendencia Nacional de Salud había informado el pasado 21 de marzo el hallazgo de más de 6.100 unidades de fármacos retenidos en bodegas de la empresa (Audifarma) sin justificación aparente, luego de que Petro alertara sobre “medicamentos faltantes” en bodega de Audifarma en Bogotá. Supersalud había revelado que “de una lista de 22 medicamentos de mayor demanda por los usuarios, ocho de estos tenían suficientes existencias en la bodega de Audifarma, entre los que se encuentra la insulina, medicamento que está en la lista de pendientes de los usuarios que acuden a los distintos puntos de dispensación de este gestor farmacéutico”.
Audifarma fue fundada hace 28 años por un paisa de Concordia de nombre Giovanny Mesa, pero no es la única que sigue siendo patente de discordia. Cruz Verde tampoco entrega los medicamentos completos desde hace muchos años.
En varias entrevistas que realicé durante la semana en curso, no solo pude evidenciar que Audifarma no entregaba a los pacientes los medicamentos completos; sino que esto acontece de igual manera con otros privados como Cruz Verde. No solo medicinas de la lista de las 22 presentadas por Adres. También medicamentos para los pacientes infartados como el Metoprolol (indispensable); gotas muy costosas para quienes sufren de glaucoma como Latanoprost; medicamentos para la depresión de alto costo como el Escitalopram; y muy recientemente la Levotiroxina para pacientes que sufren de tiroides.
La ausencia del primero puede ser precipitante para un nuevo infarto; la del segundo para aumentar las cifras de suicidio (reduciendo el gasto en salud); la del tercero, para ceguera irreversible; y la del cuarto, para dolores musculares, de cabeza y descontrol emocional que puede costarle al paciente su calidad de vida, su trabajo y hasta pueden generar la disolución de su hogar por sus estados de ánimo cambiantes. Esto es susceptible de ser demandado por el deterioro de la salud, de la calidad de vida y poner en riesgo la misma vida humana. Sugiero que se organicen los pacientes de manera colectiva para entablar dichas acciones jurídicas. ¿Contra quién? Ya hablaremos del tema.
Así como he denunciado desde esta columna paramilitares como el Turco Hilsaca, se ha llevado un alcalde a la Procuraduría y ha sido destituido; y exigí deponer a Duque como un imperativo moral, también he confrontado al actual Gobierno en columnas anteriores. Hoy debo como prensa independiente contarle a los lectores lo que veo y darle también una exhortación a Petro.
No soy un columnista prepago de banqueros a los que también he denunciado por hacerse al negocio de las pensiones en Colombia con sus congresistas prepago. Nadie me puede decir que he recibido contratos o dineros de ninguna casta politiquera de pícaros; y si queremos cambiar esto hay que empezar por reconocer que en todos los sectores hay corrupción. Dicho lo anterior…
La Ley 100 de 1993 lleva 30 años en construcción -aunque la salud siga en deconstrucción-: El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia regula la salud, las pensiones, los riesgos profesionales y otros servicios sociales complementarios. Hoy cuenta con no pocas reformas desde su implementación en 1995. Su financiación es pública como lo fue la de su precedente el Seguro Social; otra reforma crea desde ella un Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y una Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), buscando estandarizar finalmente los precios de los medicamentos para evitar sobrecostos. No obstante, el sistema aún necesita ajustes.
En tanto somos un país metonímico y juzgamos el todo por las partes, debo decirles que he vivido la calamidad de servicios de salud, he visto cómo este sistema ha cobrado no pocas víctimas en su evolución, pero con el tiempo, y únicamente en la capital, jamás en la Provincia, ha mejorado mi calidad de vida y la de mi familia; por eso creo que no debería acabarse la ley 100; debe evolucionar desde nuevas reformas hacia mayores controles, establecer prioridad del gasto público hacia medicamentos de manera taxativa y reducir la intermediación en el pago a farmacias, IPS, clínicas y hospitales.
La reforma debe incluir, si no se puede desde una resolución ministerial, que el pago a los proveedores de medicamentos debería hacerse directamente desde el Ministerio de Salud para evitar que las EPS no paguen o paguen lo que quieran, tras haber priorizado ese dinero en otros asuntos.
Estamos en un mundo de cadenas discursivas para promover fanatismos y verdades a medias. Se sugiere que los pacientes entutelen al Ministerio de Salud y a las EPS para establecer: 1. Si el Gobierno giró ese recurso para medicamentos o no; 2. Si las EPS lo recibieron o no, y de haberlo recibido, en qué lo ejecutaron; 3. Si hay responsabilidad o no de las empresas farmacéuticas.
Un fallo judicial puede modificar la ley 100 estableciendo la prioridad del gasto en medicina para pacientes crónicos y de alto riesgo poniendo fin al mal uso del recurso o a la priorización de otras necesidades menos importantes a futuro.
No podemos defender a ciegas a nadie. Muchas personas morirán si no hay control eficaz y sobre todo inmediato sobre esto.
