El asesinato de alias ‘Chirimoya’, ataques con drones, confinamientos indígenas y la suspensión de diálogos por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada reflejan el aumento de la violencia por parte de estructuras ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC.
Colombia enfrenta una nueva ola de violencia armada, impulsada por el accionar de distintos grupos ilegales que han intensificado sus ataques en varias regiones del país. Uno de los episodios más recientes ocurrió en el Magdalena Medio, donde la muerte de alias ‘Chirimoya’, cabecilla del Clan del Golfo, desató una noche de terror marcada por asesinatos, enfrentamientos y la imposición de un toque de queda ilegal en varias zonas del territorio.
En la región de la Costa Caribe, el accionar del Clan del Golfo ha generado un ambiente de pánico, especialmente en municipios como Cantagallo, Norosí, Tiquisio y Santa Rosa del Sur, donde los comercios han cerrado sus puertas por miedo a represalias. Aunque las autoridades mantienen presencia militar en el sur de Bolívar, la tensión sigue en aumento y la población se encuentra bajo constante amenaza.
Simultáneamente, en el Catatumbo, la violencia ha adoptado nuevas y alarmantes formas. Un ataque con drones explosivos dejó herida a una mujer, en un hecho atribuido al ELN y a disidencias de las FARC. Este tipo de agresión representa un preocupante avance en las tácticas de guerra utilizadas por los actores armados ilegales en la zona.
La crisis humanitaria se agrava en el norte de Santander, donde cerca de 800 indígenas Barí se encuentran confinados en áreas rurales de Tibú y El Tarra debido a enfrentamientos entre grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas, subrayando el alto riesgo en el que se encuentran estas comunidades que viven en condiciones de aislamiento y sin garantías de protección.
En el departamento del Meta, la situación no es distinta. Comerciantes y pequeños empresarios han denunciado un aumento significativo de extorsiones y amenazas, lo que ha generado un clima de miedo e incertidumbre en la región. Las autoridades locales han solicitado mayor presencia estatal y recursos adicionales para contener el avance de estas organizaciones criminales.
Como si no fuera suficiente, los esfuerzos del Gobierno Nacional por avanzar en procesos de paz sufrieron otro revés. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) anunciaron la suspensión temporal de los diálogos con el Estado, luego de enfrentamientos con el Ejército Nacional en la vereda Bodega Betel, del corregimiento de Palmor, en el Magdalena. En un comunicado, el grupo argumentó que los combates ponen en riesgo el proceso, lo que representa un serio retroceso en la búsqueda de soluciones negociadas.
La expansión territorial de estas estructuras y su capacidad para adaptarse a nuevas formas de ataque —como el uso de tecnología en acciones violentas— dejan al país ante un escenario complejo, donde la paz sigue siendo un objetivo lejano. A pesar de los intentos del Gobierno por promover el diálogo y la reconciliación, la presencia persistente de estas organizaciones en zonas rurales refleja la urgencia de una estrategia integral que combine seguridad, inversión social y justicia territorial.
Y.A.
