En conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el Vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina Palacios, participó en un foro organizado por la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Durante su intervención, Molina Palacios subrayó la necesidad urgente de avanzar en la implementación integral de la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersonal y establece su destrucción.
“Cumplir esta Convención es esencial para garantizar los derechos de las comunidades y transformar los territorios afectados por la violencia», destacó el Vicedefensor. También resaltó que el desminado humanitario es una prioridad dentro de las gestiones lideradas por la Defensoría del Pueblo, como parte de su mandato constitucional para proteger los derechos humanos.
Según datos de AICMA, los cinco municipios con mayor número de víctimas por minas antipersonal entre 1990 y la actualidad son: Tumaco (Nariño) con 403 víctimas, Vistahermosa (Meta) con 369, Tame (Arauca) con 350, Tarazá (Antioquia) con 278 y San Vicente del Caguán (Caquetá) con 275.
En el marco del foro, se presentó el Protocolo de Gestiones Humanitarias, una herramienta de la Defensoría que establece el marco de actuación frente a situaciones de privación de libertad, desplazamiento forzado y otras afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo la contaminación por artefactos explosivos.
El foro también sirvió como espacio para discutir los retos pendientes en el cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en desminado humanitario y los impactos continuos de estos artefactos en la vida y dignidad de las personas.
Finalmente, la Defensoría reiteró su apoyo a las comunidades víctimas del conflicto armado y su compromiso por lograr territorios libres de minas y seguros para la convivencia pacífica. Molina Palacios hizo un llamado urgente a todos los actores del conflicto para abolir el uso de minas antipersonal, tal como lo exige el Derecho Internacional Humanitario.
