*Con la suspensión de los servicios de los médicos del Hospital Juan Domínguez Romero, se acentúa la crisis de este sector en el departamento del Atlántico.
Según una auditoría de la Superintendencia de Salud, en el mes de marzo, se reveló un déficit que llega a los 200 mil millones de pesos.
La diputada del departamento del Atlántico Alejandra Moreno Astwood manifiesta su preocupación frente a la suspensión de servicios en el hospital Juan Domínguez Romero, del municipio de Soledad, por la renuncia masiva de médicos y especialistas por el no pago de sus salarios y que obligó a trasladar a los pacientes hacia otros centros asistenciales el pasado viernes 4 de abril. Esto es, para ella, una prueba de que el modelo de salud que se aplica no es el mejor y que los recursos de este sector no están siendo bien administrados A esto se suma la posibilidad de que las renuncias se extiendan a otros centros asistenciales de la red por las demoras en el cumplimiento de los pagos.
“Empezó el desplome de la red de salud en el Atlántico, lo advertí y me trataron de mentirosa. Por falta de pago los médicos del hospital Juan Domínguez Romero de Soledad suspendieron sus servicios. El viernes tuvieron que trasladar a los pacientes hacia otros hospitales. Es hora que el gerente de la E.S.E. UNA responda por esta situación, que está llevando al sector salud a un punto crítico de la desaparición. Además, estos traslados afectan a las familias de bajos recursos que tienen su arraigo en Soledad y que ahora enfrentan nuevos gastos por el envío de pacientes a municipios como Sabanalarga”, expresó la diputada del Pacto Histórico.
Cabe destacar que la Superintendencia de Salud, desde el 2023, en una auditoria que realizó a la E.S.E. Universitaria del Atlántico, reveló pérdidas operacionales por el orden de los $48.293 millones, ingresos que eran insuficientes para cubrir los costos médicos y contratos que comprometían el presupuesto hasta el 2037.
“La medida más extrema para la ESE UNA es la liquidación; poniendo en riesgo la atención a pacientes y cumplimiento de pagos a trabajadores; los hallazgos de la evaluación de la Superintencia de Salud deben llevar primeramente al cumplimiento de un plan de mejoramiento; y a agotar las acciones propuestas realizadas por el sindicato” puntualizó Moreno Astwood.
La Fiscalía y la Procuraduría deben iniciar las investigaciones por las presuntas irregularidades en la gestión financiera de la E.S.E. UNA y evaluar la legalidad de los desembolsos anticipados que comprometen los recursos públicos hasta el 2037. “Pero también se hace necesario que la Contraloría haga el seguimiento de la administración de los recursos de la salud de la Red Hospitalaria ESE UNA”, finalizó la diputada.
