Tras el rompimiento del acuerdo de paz urbana, la confrontación entre los grupos criminales Shottas y Los Espartanos ha provocado una ola de violencia sin precedentes en Buenaventura, con asesinatos, desplazamientos y el cierre masivo de comercios y colegios.
La ciudad de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, atraviesa una de las peores crisis de orden público en lo que va del año. La ruptura del proceso de paz urbana entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los grupos armados conocidos como Shottas y Los Espartanos ha desencadenado una ola de violencia que ya deja un saldo trágico de 50 asesinatos en lo que va del 2025.
Este pacto informal, que se sostuvo durante 19 meses, buscaba disminuir la violencia entre las bandas de origen criminal mediante acuerdos de no agresión y compromisos territoriales. Sin embargo, el diálogo se rompió a inicios de febrero, abriendo el camino a una confrontación abierta que hoy tiene en vilo a miles de habitantes de esta estratégica ciudad portuaria.
El impacto del conflicto se extiende más allá del conteo de homicidios. La disputa territorial entre bandas criminales ha generado una crisis humanitaria caracterizada por el desplazamiento forzado, el cierre de al menos 250 negocios y la suspensión de actividades educativas en varios colegios. La presión de las extorsiones y las constantes amenazas armadas han obligado a comerciantes y docentes a abandonar sus labores para proteger sus vidas.
En medio del temor, el tejido social de Buenaventura se desmorona. Las calles, antes llenas de actividad comercial y estudiantil, ahora lucen desoladas, mientras que las voces ciudadanas claman por una intervención urgente y estructural del Estado.
Ante este panorama, el gobierno local ha anunciado una agenda para enfrentar la situación, basada en tres pilares: la construcción de una cultura de reconciliación, el desmonte de las estructuras criminales y una profunda transformación social del territorio. Sin embargo, los habitantes del puerto saben que los resultados no serán inmediatos, y la desconfianza en las instituciones sigue latente tras años de abandono estatal y promesas incumplidas.
Y.A.
