En un país con más de 20 millones de colombianos viviendo en condiciones de pobreza y miles de comunidades enfrentando una falta de acceso a servicios básicos, la reciente decisión del gobierno de destinar miles de millones de dólares a la compra de aviones de guerra ha generado controversia y críticas. Esta inversión, que asciende a más de 1.900 millones de dólares, pone en evidencia una clara contradicción: mientras el país enfrenta una grave crisis social y humanitaria, el Estado opta por fortalecer su poder militar en lugar de invertir en lo más esencial para su población: educación, salud, vivienda y empleo.
Una desconexión con las necesidades reales del país
Mientras en las zonas rurales y periféricas de Colombia, miles de niños estudian en escuelas sin infraestructura básica, sin acceso a tecnología y con maestros mal remunerados, el gobierno decide destinar recursos astronómicos a la adquisición de maquinaria bélica. En muchos hospitales del país la situación es aún más alarmante: falta de insumos, colapso de los servicios y una tasa de mortalidad por enfermedades prevenibles que sigue en aumento. La compra de aviones de guerra en medio de esta crisis social parece una contradicción insostenible.
La desigualdad en cifras: ¿Qué se está priorizando?
El costo de los nuevos aviones de guerra, que podría superar los 1.900 millones de dólares, es un monto desproporcionado cuando se compara con la inversión prevista para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo, que apenas alcanza los 670 millones de dólares. Esta diferencia refleja de manera contundente la desconexión entre las verdaderas necesidades del país y las prioridades de su gobierno.
Inversión en vida, no en guerra
La verdadera seguridad para los colombianos no se alcanza con aviones de guerra, sino con justicia social. La seguridad humana, la que realmente garantiza una vida digna, solo se logra con el acceso a derechos fundamentales, a educación de calidad, a empleos dignos, y a una atención en salud eficiente. Mientras los recursos se destinan a un fin bélico, las comunidades vulnerables siguen esperando, año tras año, el cumplimiento de sus derechos más básicos.
Un costo que no se mide en dólares
Para poner en perspectiva la magnitud de la inversión en defensa, se estima que cada hora de vuelo de uno de estos aviones de guerra costará alrededor de 8 mil dólares, o aproximadamente 32 millones de pesos. Una cantidad que podría haberse destinado a proyectos de infraestructura, a la construcción de hospitales o a la reparación de escuelas. Pero, en cambio, se invierte en una máquina de guerra que jamás aterrizará en los barrios marginados de Colombia, en las zonas donde más se necesita una intervención real y efectiva.
¿Qué está ganando Colombia con esta inversión?
La compra de aviones de guerra no solo es un golpe al bolsillo, sino también un golpe moral para los ciudadanos que se enfrentan a la falta de acceso a servicios básicos. Mientras se gasta en armamento militar, muchas comunidades no tienen acceso a agua potable, viven en condiciones de insalubridad, y sufren por la falta de vías de acceso o electricidad. Esta desconexión entre las decisiones de los gobernantes y las necesidades de la población solo alimenta la crisis de representación y genera un mayor desencanto con la democracia.
La paz no se compra, se construye
La paz, la equidad y el desarrollo real no se alcanzan a través del fortalecimiento de la maquinaria bélica, sino con una inversión decidida en la gente. Los recursos deben centrarse en el bienestar social, en la erradicación de la pobreza, en la construcción de infraestructura básica y en la promoción de los derechos humanos. La compra de estos aviones de guerra no es solo una mala decisión financiera, sino una muestra de la desconexión y desinterés de las autoridades por las verdaderas necesidades de la población. Si el país no prioriza la inversión social, la paz seguirá siendo un sueño lejano, atrapado en la maraña del narcotráfico y la violencia.
Es hora de cambiar las prioridades
Colombia necesita urgentemente un cambio de enfoque: dejar atrás las políticas militares y poner en el centro las políticas sociales. Invertir en la gente, en su salud, en su educación, en su bienestar, es lo único que garantizará una paz sostenible, en lugar de perpetuar un ciclo de pobreza, desigualdad y violencia. La verdadera seguridad no se consigue con armas, sino con justicia social y equidad para todos.
