La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde de San Antero, Dennis Chica Fuentes, por presuntas omisiones en el cumplimiento de sus deberes contractuales con la cárcel La Amarilla, ubicada en el municipio de Lorica.
Según el informe emitido por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería, el mandatario local habría incumplido el giro oportuno de los recursos estipulados en el convenio interadministrativo No. 002-2024, el cual fue suscrito con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de reclusión para personas privadas de la libertad.
El acuerdo, valorado en $196.966.666, incluye también a otros municipios del departamento como San Andrés de Sotavento, Puerto Escondido, Purísima, Chimá, Cotorra, Moñitos y Canalete. Estos entes territoriales acordaron unir esfuerzos administrativos y financieros para asegurar la vigilancia, custodia, atención y alimentación de los internos recluidos de manera preventiva en ese centro penitenciario.
Sin embargo, la presunta falta de cumplimiento por parte del alcalde de San Antero habría generado un impacto negativo en las condiciones de vida, salud e integridad de los internos, además de transferir de forma indebida la carga financiera al municipio de Lorica, que actualmente alberga la cárcel.
La Procuraduría advirtió que estos convenios resultan fundamentales para municipios que no cuentan con infraestructura penitenciaria propia, y su incumplimiento podría desencadenar crisis humanitarias dentro de los centros de reclusión.
Durante el proceso investigativo, el Ministerio Público determinará si la conducta del funcionario configura una falta disciplinaria y, de ser así, qué sanciones corresponden según el régimen legal vigente.
