La Contraloría Municipal de Valledupar inició una investigación formal sobre un predio de cesión que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) habría debido entregar al municipio desde hace más de 20 años, en el marco del contrato de construcción de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa.
La acción fiscal fue motivada por una denuncia ciudadana interpuesta por el abogado Daniel Daza, quien adelantó una revisión documental que evidenciaría el incumplimiento de esta obligación por parte del INPEC. Como respuesta inmediata, la contralora municipal, Angélica Olarte, encabezó una mesa técnica en el centro penitenciario, en la que participaron funcionarios, ingenieros y topógrafos, con el fin de verificar en terreno la situación denunciada.
De acuerdo con Olarte, se trata de un terreno aproximado de seis hectáreas que debía ser cedido al municipio como parte de las condiciones urbanísticas exigidas para la construcción de La Tramacúa, en cumplimiento del contrato 1422 de 1998 y su respectiva licencia de construcción, otorgada mediante la Resolución 0158 del 28 de abril de 1999. Sin embargo, durante más de dos décadas no se han encontrado registros oficiales que evidencien la entrega del área ni acciones administrativas municipales para reclamarla.
“Estamos recolectando elementos probatorios, tanto técnicos como documentales, para determinar las responsabilidades y emitir un informe conclusivo. Aunque no contamos con planos originales debido al tiempo transcurrido, estamos en proceso de reconstruir la información”, señaló la contralora.
Además de la documentación aportada por el denunciante, la Contraloría ha solicitado otros documentos claves, incluyendo escrituras y antecedentes registrales, con el objetivo de esclarecer la propiedad y proceder con las acciones necesarias para la recuperación del predio que, según lo establecido, pertenece al municipio.
La contralora aseguró que el INPEC ha mostrado disposición para colaborar con el proceso y realizar la entrega formal del terreno una vez se esclarezca su situación jurídica. Se estima que los resultados de esta investigación podrán conocerse en un plazo de tres a cuatro meses.
Esta actuación de control fiscal cobra especial relevancia en medio de los debates sobre la reubicación de la Cárcel Judicial del barrio Dangond, dado que el terreno en cuestión sería una alternativa viable para dicho traslado.
