Jorge Eduardo Pérez Bernier fue hallado responsable por la Corte Suprema de autorizar irregularidades en un contrato de infraestructura escolar que superó los $134 mil millones, generando pérdidas por más de $24 mil millones al erario.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de su Sala Especial de Primera Instancia, emitió un fallo condenatorio contra el exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, por su responsabilidad en múltiples irregularidades detectadas en la ejecución de un contrato de infraestructura educativa durante su administración (2008-2011).
El contrato, firmado en noviembre de 2009 entre la Gobernación de La Guajira y la Unión Temporal del Norte, representada por Carmenza Ávila Chassaigne, tenía como objetivo la construcción, ampliación y adecuación de escuelas oficiales en varias zonas del departamento. Inicialmente valorado en $90 mil millones, el contrato fue modificado ocho veces, alcanzando un costo superior a los $134 mil millones, siete de esas modificaciones fueron autorizadas directamente por Pérez Bernier.
La Fiscalía General de la Nación acusó al exmandatario por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía. El fallo judicial reveló que en el acta final del contrato se identificó un sobrecosto de $727.931.696, correspondiente al 0,072% del valor del proyecto, estimado en $118.000 millones.
Durante la investigación se estableció que el proceso de selección del contratista fue direccionado para favorecer a la Unión Temporal del Norte, impidiendo la participación de otras empresas. Las condiciones contractuales fueron diseñadas a medida de la experiencia del grupo seleccionado, violando principios de transparencia y libre competencia.
Además, la Corte Suprema encontró evidencia de facturación de materiales no utilizados, precios inflados y obras que nunca se ejecutaron o que fueron mal construidas. En muchos casos, las obras fueron subcontratadas a precios más bajos, sin cumplir estándares técnicos, lo que agravó la pérdida de recursos. Se estima que el daño al erario público supera los $24 mil millones.
El alto tribunal concluyó que las acciones del exgobernador no fueron simples negligencias, sino parte de un plan estructurado para apropiarse de recursos públicos, ejecutado por etapas y con un objetivo claro. Aunque la condena ya fue dictada, Pérez Bernier permanecerá en libertad provisional mientras se define si debe cumplir la pena en prisión.
Y.A.
