La mayoría de los magistrados titulares de la Jurisdicción Especial para la Paz se alojaron en el costoso hotel Naio, en primera línea de playa, para un “diálogo estratégico”, mientras la entidad sigue sin emitir condenas relevantes tras ocho años de funcionamiento.
Escándalo en la JEP por polémico viaje a Palomino, La Guajira. La mayoría de los magistrados titulares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con funcionarios de la secretaría ejecutiva, se encuentran alojados en el lujoso hotel boutique Naio, en la primera línea de playa de este paradisíaco destino, en medio de cuestionamientos sobre la eficiencia y transparencia de la justicia transicional.
La invitación fue realizada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, con el fin de participar en un “diálogo con expertos en justicia restaurativa para agilizar procesos estratégicos”. Sin embargo, la actividad desató una tormenta institucional tras conocerse la fuerte carta de la magistrada Claudia López Díaz, quien se opuso al viaje al considerar que “no se corresponde con las necesidades más apremiantes de la JEP” y que podía ser “contraproducente en la coyuntura que atravesamos”.
La JEP ha sido blanco de críticas por su bajo desempeño. En casi ocho años de funcionamiento, solo ha concluido dos de los 11 macrocasos abiertos y aún no ha emitido una sentencia condenatoria contra exmiembros de las Farc o de la Fuerza Pública. Esta falta de resultados ha incrementado la presión desde distintos sectores, incluyendo el de las víctimas del conflicto.
Además del alto costo del hospedaje —hasta un millón de pesos por noche por persona—, testigos confirmaron el ingreso de una comitiva de cerca de 40 personas con escoltas armados, lo que causó desconcierto entre turistas del hotel. El evento contemplaba también actividades de “autocuidado” y rituales ancestrales, lo que aumentó el malestar dentro del tribunal y entre los observadores internacionales.
La carta de la magistrada López fue enviada también al Instituto de Paz de Estados Unidos (Usip) y al Instituto Kroc para Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame. Aunque Usip aclaró que no financió el viaje, su delegado sí estuvo presente para despedirse de los magistrados y cerrar actividades con autoridades indígenas del pueblo arhuaco.
“Invito a la reflexión sobre la pertinencia del enfoque del evento”, escribió López Díaz, quien también solicitó que no se suspendieran los términos judiciales durante la jornada, por respeto a las víctimas y a la necesidad de “agilizar todos los procesos para obtener los resultados que reclama la sociedad colombiana”.
Este nuevo capítulo deja aún más en entredicho el rumbo de la JEP y su liderazgo, en un momento en que la justicia transicional enfrenta una crisis de credibilidad y una creciente desconfianza nacional e internacional.
Y.A.
