Se conocieron detalles de la audiencia reservada que se llevó a cabo el pasado 2 de abril de 2024 en el Tribunal Superior de Bogotá, cuyo objetivo era la legalización de nuevas pruebas dentro del proceso contra Carlos Ramón González.
La diligencia, realizada a altas horas de la noche, estuvo marcada por una fuerte discusión en torno al acta de notificación del 5 de marzo, firmada por el magistrado Jaime Andrés Velasco, en la que se autorizó a la Fiscalía para adelantar trabajos de Policía Judicial.
Estos tienen como fin determinar si existen méritos suficientes para imputar cargos al exfuncionario del Gobierno Petro por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
En dicho documento, se permitió a los investigadores rastrear movimientos migratorios, cuentas bancarias y transferencias, así como solicitar a la Presidencia información sobre posibles cámaras de seguridad y grabaciones de las fechas en que el principal testigo del caso, Olmedo López, afirma haberse reunido con el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, en la Casa de Nariño.
