El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González, se pronunció este lunes sobre la polémica que involucra a la senadora Martha Peralta en relación con la orden de proveeduría de maquinaria amarilla. Según las denuncias, la contratación de dicha maquinaria habría sido influenciada por intereses políticos.
González aclaró que la UNGRD no está involucrada en irregularidades en el proceso y aseguró que la orden de proveeduría cumple con los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, destacó que se ha solicitado una revisión exhaustiva del contrato para esclarecer cualquier duda sobre posibles vínculos indebidos.
La Corte Suprema de Justicia inició una investigación preliminar en contra de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, aseguró que la congresista le habría solicitado un contrato para la adquisición de maquinaria amarilla en La Guajira, que, según el relato de López, se firmó la orden de proveeduría en octubre de 2023, y tendría un costo de $2.125 millones.
La senadora Martha Peralta, quien pertenece a la bancada de Cambio Radical, ha sido mencionada en investigaciones periodísticas por presuntos favorecimientos relacionados con la adjudicación de contratos para la compra y alquiler de maquinaria pesada, con un posible conflicto de interés. Peralta ha defendido su inocencia, asegurando que su participación fue transparente y dentro de los márgenes legales.
Las autoridades competentes, incluida la Procuraduría General de la Nación, ya han iniciado las investigaciones para determinar si hubo algún tipo de irregularidad en el proceso de contratación. La controversia ha generado un fuerte debate político sobre la influencia de los congresistas en procesos administrativos y el manejo de recursos públicos en Colombia.
El director de la UNGRD reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta ejecución de las políticas de gestión de riesgos, mientras que la comunidad espera que las investigaciones lleguen a una conclusión clara sobre los hechos.
