La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha publicado un informe en el que señala a 54 personas como responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde 2018. Entre los principales señalados figuran el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes, según el documento, han consolidado un régimen basado en la represión y el control absoluto del Estado.
El informe, elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, detalla la existencia de un sistema estructurado de persecución, que incluye detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y ataques a la sociedad civil y la prensa. Entre los mencionados también se encuentran altos funcionarios del gobierno, como Julio César Avilés, comandante en jefe del Ejército; Marvin Aguilar, presidente en funciones de la Corte Suprema; y Francisco Díaz, director de la Policía Nacional.
El informe, de 234 páginas, incluye organigramas detallando cómo el gobierno ha convertido cada institución del Estado en un instrumento de represión. Según Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, este documento representa una herramienta para la rendición de cuentas, proporcionando nombres y pruebas concretas sobre las violaciones cometidas.
El documento fue enviado previamente a las autoridades nicaragüenses, pero no hubo respuesta oficial. Además, Nicaragua abandonó recientemente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otras agencias internacionales, como la OIT, la OIM y la FAO.
El Grupo de Expertos, creado en 2022, elaboró este informe tras 1.631 entrevistas con víctimas y testigos, reafirmando que el gobierno de Ortega ha sofocado cualquier disidencia a través de una red de vigilancia y represión.
Ante estas revelaciones, la ONU insta a la comunidad internacional a tomar medidas concretas, como acciones legales, sanciones y mayor apoyo a la sociedad civil y las víctimas del régimen nicaragüense.
