Por JUAN C. RESTREPO
La cifra es coincidente: 4 billones de pesos debe el Gobierno a las electrificadoras que deben transmitir a los usuarios de los estratos uno, dos y tres los subsidios gubernamentales a que tienen derecho.
4 billones de pesos es también el monto de la deuda que el Gobierno no ha pagado desde hace meses a las empresas que deben entregar a los pacientes los medicamentos a que tienen derecho.
Por ocho billones de retrasos en la cancelación oportuna -imputables exclusivamente al Gobierno- el sector eléctrico está muy cerca de un apagón financiero y el de la salud -como lo atestiguan las colas infames a que están sometiendo a los pacientes- a uno de los peores momentos de su historia.
Si hacemos cuentas de que el presupuesto nacional asciende a 520 billones de pesos, un simple ejercicio matemático indica que las demoras inaceptables en el pago de los subsidios eléctricos y en actualización de la UPC de la salud representan el 1,5% del presupuesto nacional de 2025.
Nos estamos ahogando literalmente en un irresponsable vaso de desidia y terquedad gubernamental. Eso sí: las disculpas no faltan; los culpables están siempre presentes en los trinos presidenciales; cuando no son los acaparadores son las codiciosas empresas privadas las que aparecen siempre cuestionadas. Pero una solución rápida nunca aparece: hay discursos acusatorios por todas partes, pero las soluciones se dilatan hasta límites desesperantes.
El Papa habla urbe et orbi (para la ciudad y el mundo), Petro insulta urbe et orbi. Pero de ahí no pasan las cosas.
Informa la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas que en o 2024 se cerraron, de manera permanente, 9.055 servicios de salud, mientras que 26.627 lo hicieron de manera transitoria.
A la reunión requerida por la Corte Constitucional para estudiar con urgencia la actualización de la UPC (retraso éste que parece estar a la raíz de los trastornos en el servicio de la salud), el ministerio del ramo no dejó entrar a los gremios ni a los representantes del sector salud. Esta arrogante actitud del ministro de Salud fue denunciada por el gremio que quizás con mayor seriedad y documentación viene alertando sobre los descalabros del sector de la salud: la Andi.
Cuando la historia permita recoger las trizas de las empresas eléctricas que pueden quedar tendidas en el campo de batalla de la indiferencia oficial al no poder seguir atendiendo indefinidamente con recursos de sus propias cajas lo que debe ser provisto por el presupuesto nacional, y cuando se pueda reconstruir sistema de salud hoy destrozado por la indiferencia oficial, quedará en claro que por la terquedad de no pagar ocho billones de subsidios eléctricos a tiempo, o por negarse obstinadamente a actualizar la UPC, el Gobierno entrega un campo desolado.
Y mientras tanto, al ministro Guevara, de hacienda, que en mitad del fragor estaba tratando de agregar una pizca de sindéresis y de rigor al manejo fiscal, le cortan la cabeza a escasos dos meses de haberse posesionado, por haberse atrevido a sugerir que era necesario imponer un poco de orden, evitar el gasto suntuario e imponer prioridades en el manejo de las finanzas públicas del país. Lo que parece que suscitó la ira santa del Palacio de Nariño.
En la reunión del Congreso de “Genera” realizado en Cartagena la semana pasada, el nuevo ministro de Minas y Energía propuso que para dar una solución al problema de la “opción tarifaria (que, recuérdese, el propio presidente se había comprometido a resolver) por encima de la sobre carga del 20% que ya hoy soportan los estratos 5 y 6 lo mismo que la industria y el comercio, debía tramitarse una nueva reforma tributaria para que estos sectores asuman la carga de la “opción tarifaria”. Con la obvia consecuencia de que ello acarrearía una nueva alza de tarifas eléctricas.
Estamos a escasos dos meses de que el Gobierno deba presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el año 2026. Ojalá que se aproveche esa circunstancia para dejar de insultar y de señalar culpables y acaparadores donde no los hay. Y para conseguir, con apremio, los ocho billones de pesos que faltan para evitar que concluya la destrucción del sector eléctrico y de la salud de Colombia.
