El Distrito de Barranquilla y empresas de servicios públicos tienen 48 horas para cumplir un fallo judicial que lleva diez meses sin acatarse. La ciudadanía exige respuestas ante la falta de acción.
El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla, bajo la dirección del juez Edgardo Manuel Atencio Royero, ha lanzado una advertencia final a las autoridades distritales y a la empresa AIR-E S.A. E.S.P.: tienen 48 horas para cumplir con el fallo emitido el 30 de junio de 2023, el cual ordena la recuperación del espacio público en la Carrera 51B.
Esta orden busca eliminar los cables enmarañados, postes deteriorados, cabinas telefónicas en desuso y parquímetros abandonados que han convertido las aceras en una trampa para los peatones. Sin embargo, a casi un año de la sentencia, las entidades responsables han ignorado su obligación, lo que ha llevado al juez Atencio a tomar medidas más drásticas.
Un fallo ignorado por diez meses
El origen de este litigio se remonta a una acción de tutela presentada por Orlando Manjarrez y otros ciudadanos, quienes denunciaron la invasión del espacio peatonal y la falta de respuestas de las autoridades. Aunque el fallo judicial dio un plazo de dos meses para analizar el impacto de estos obstáculos en la movilidad urbana, las entidades responsables han mostrado una actitud de indiferencia.
El juez Atencio subraya en su resolución: «Encuentro que el fin de un eventual incidente de desacato no es otro que la persuasión al cumplimiento, puesto que gana más la sociedad cuando se acata una orden judicial que cuando se impone una sanción al renuente». A pesar de esta advertencia, el incumplimiento persiste, poniendo en evidencia una preocupante falta de voluntad administrativa.
Los obstáculos invisibles que afectan a todos
Para muchos ciudadanos, la Carrera 51B se ha convertido en un símbolo de la negligencia institucional. Mientras la ciudad se moderniza en ciertas áreas, este sector sigue atrapado en una maraña de cables colgantes, postes obstruyendo el paso y estructuras que nadie se ha preocupado por retirar.
Más allá de un problema estético, esto representa un grave riesgo para la seguridad peatonal. Personas con movilidad reducida, adultos mayores y niños son quienes más sufren las consecuencias de esta falta de acción. Además, en temporadas de lluvias, los cables en mal estado pueden provocar cortocircuitos y accidentes graves.
¿Por qué no se ha cumplido la orden?
El fallo del 30 de junio de 2023 estableció medidas específicas:
- Realizar un análisis espacial de las vallas y avisos publicitarios para verificar si afectan la movilidad.
- Ordenar el retiro o reubicación de aquellos elementos que obstruyan el paso peatonal.
- Garantizar el cumplimiento de la sentencia dentro de los plazos establecidos.
Sin embargo, el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, ha eludido su responsabilidad. El juez Atencio ha señalado que no se han cumplido procedimientos básicos, lo que refleja una preocupante falta de coordinación y compromiso con la ciudadanía.
Responsabilidades en la mira
Ante esta situación, el juez ha dejado en claro que no solo se debe acatar la orden judicial, sino que se investigará a los funcionarios responsables del incumplimiento. En su resolución, ordenó iniciar procesos disciplinarios contra aquellos servidores públicos que han permitido esta dilación injustificada.
Además, AIR-E S.A. E.S.P., encargada de la infraestructura eléctrica, también está en la mira por su falta de acción en la reorganización del cableado. La empresa deberá responder ante las autoridades por su papel en esta problemática.
Consecuencias del desacato
El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece sanciones para quienes incumplan órdenes judiciales. Si en 48 horas no se ejecutan las acciones requeridas, los responsables podrían enfrentar multas, suspensiones o incluso procesos penales. Esto representa un punto de inflexión para la administración distrital: ¿cumplirá finalmente con su deber o se arriesgará a enfrentar sanciones?
Un problema que refleja una crisis mayor
Más allá del caso específico de la Carrera 51B, este episodio refleja una crisis estructural en la gestión del espacio público en Barranquilla. La falta de mantenimiento de infraestructuras, la demora en la ejecución de obras y la descoordinación entre entidades han generado un entorno urbano caótico donde los ciudadanos son los principales afectados.
La pregunta que queda en el aire es: ¿qué otras órdenes judiciales permanecen archivadas sin cumplimiento? La desidia administrativa ha convertido la ciudad en un laberinto de obstáculos, y el tiempo para corregir esta situación se está agotando.
El ultimátum del juez Atencio es más que una advertencia; es un llamado de atención para que Barranquilla retome el camino de la planificación y el respeto por los derechos ciudadanos. En 48 horas, se sabrá si la administración responde con acciones concretas o si sigue atrapada en la telaraña de la indiferencia.
Y.A.
