La entidad advirtió sobre la sostenibilidad fiscal, el papel de la ADRES y las EPS, así como sobre el acceso a medicamentos y el periodo de transición.
La Defensoría del Pueblo envió un informe a la Comisión Séptima del Senado, en el que expresa serias preocupaciones sobre la reforma a la salud, la cual está a punto de iniciar su tercer debate en el Congreso. En un documento de 22 páginas, la entidad destaca aspectos críticos que requieren ajustes para garantizar la eficacia del sistema.
Inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal
Uno de los puntos centrales del informe es la incertidumbre en torno a la sostenibilidad fiscal de la reforma. «No están claros los mecanismos que garantizan la sostenibilidad fiscal de la reforma y, por consiguiente, del derecho a la salud», advierte el documento. Ante esto, la Defensoría sugiere que el Departamento Nacional de Planeación realice un análisis detallado sobre los costos y fuentes de financiamiento del nuevo modelo.
Transición incierta
El informe también pone en duda la viabilidad del periodo de transición de dos años que propone la reforma. La entidad considera que este tiempo podría ser insuficiente para implementar los cambios sin afectar la atención a los pacientes. En este sentido, recomienda diseñar un plan de transición y evaluación que contemple medidas para mitigar los impactos negativos.
Riesgos en el giro de recursos
Otro aspecto crítico se relaciona con el papel que jugará la ADRES en la administración de los recursos del sistema de salud. La Defensoría advierte que la entidad no cuenta con la infraestructura y capacidad operativa necesarias para gestionar adecuadamente los fondos. «El presupuesto de salud en 2025 es de cerca de 100 billones de pesos y en los escenarios de la reforma, la ADRES podría manejar más de 150 billones en 2034″, señala el informe, alertando sobre los posibles riesgos administrativos y financieros.
Incertidumbre sobre el futuro de las EPS
El documento también cuestiona la falta de claridad sobre el rol de las EPS, que pasarían a denominarse Gestoras de Salud. La Defensoría subraya que el texto de la reforma no especifica quién asumirá la gestión de los recursos para garantizar su cobertura y eficiencia. «En el nuevo modelo se puede generar un aumento del gasto, respecto del cual no queda claramente definido quién asumiría los riesgos que conlleva dicho aumento», advierte el informe.
Preocupación por el acceso a medicamentos
El acceso a medicamentos y tecnologías de salud es otro punto de alerta. La Defensoría enfatiza que el nuevo modelo debe garantizar la disponibilidad de medicamentos sin afectar a los pacientes. «Es necesario alinear la oferta de medicamentos con las necesidades en salud y la sostenibilidad financiera», señala el informe.
La entidad también subrayó la importancia de no desmantelar completamente el sistema actual, sino conservar aquellos elementos que han resultado efectivos. «Es un deber constitucional conservar los avances en la protección de los derechos y no retroceder», enfatizó.
Finalmente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que, si la reforma no es aprobada, es fundamental adoptar medidas urgentes para mejorar el sistema de salud existente, especialmente en lo relacionado con su financiación y sostenibilidad fiscal.
Y.A.
