¿Por qué permitir que los intermediarios privados influyan en el precio de medicamentos vitales para la salud pública?
Este esquema de intermediarios ha generado un debate sobre la eficiencia de la asignación de los recursos del Estado. ¿Es realmente necesario que el gobierno, que tiene los mecanismos para comprar de manera directa, decida externalizar un proceso tan esencial? La respuesta parece estar más en los intereses económicos de quienes están detrás de las empresas involucradas que en el bienestar de los colombianos.
En los últimos días del gobierno de Iván Duque, uno de los contratos más polémicos de la historia reciente de Colombia vio la luz.
Firmado el 22 de junio de 2022, apenas 16 días antes de que Gustavo Petro asumiera la presidencia, este acuerdo adjudicó el monopolio de los suministros farmacéuticos del Estado a empresas vinculadas al influyente clan Char (Éticos Serrano). Con una cifra descomunal de 1,8 billones de pesos en ventas en tan solo dos años, este negocio ha suscitado un torrente de preguntas que aún no encuentran respuestas claras.
Es decir, Colombia Compra Eficiente seleccionó a un grupo específico de proveedores para suministrar medicamentos a las entidades públicas hasta 2025, lo que obligó a hospitales, la Policía y el Ejército a adquirir productos únicamente de tres empresas: Éticos Serrano, UT Audidrogas (compuesta por Audifarma y Drogas S.A.) y Productos Hospitalarios. La exclusión de Cruz Verde, debido a la omisión del porcentaje de intermediación, suscitó serias dudas sobre la transparencia del proceso y generó sospechas de favoritismo y falta de equidad en la selección de los proveedores.
La rapidez con la que se cerró este contrato y los actores políticos involucrados despiertan suspicacias, y a través de ellos surgen interrogantes profundos sobre la transparencia, la ética y la justicia del proceso.
¿Por qué se tomó una decisión de esta magnitud tan cerca del cambio de gobierno?
¿Cuál es la verdadera motivación detrás de esta adjudicación?
Una vez más se aprovechan los medios de comunicación para difamar con el propósito de tapar la mediocridad del actual gobierno. Entre 2018-2022:
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 26, 2025
A. Gestionamos una pandemia siendo reconocidos como uno de los países que mejor hizo frente a ese reto.
B. Se aprobó la Ley de…
El principal cuestionamiento gira en torno a la forma en que se llevó a cabo la adjudicación. Un contrato millonario de esta envergadura debería haber pasado por una revisión meticulosa, pero las circunstancias no fueron las ideales. La cercanía con la salida del gobierno de Duque, la opacidad en el proceso y la elección de empresas estrechamente ligadas a los Char, un clan con un poder político considerable, elevan las alarmas.
¿Por qué se eligieron empresas con tan claros vínculos políticos?
Los hermanos Char han sido actores clave en la política de la Costa Caribe, y el hecho de que una de sus empresas, Éticos Serrano, haya sido la mayor beneficiaria de este contrato, no deja de ser sospechoso. La adjudicación favoreció a este grupo familiar en detrimento de otras compañías, algunas de las cuales tienen décadas de experiencia y un historial comprobado en el sector.
La intermediación y el aumento de Costos: ¿Quién gana realmente?
Un aspecto crítico del acuerdo es la presencia de intermediarios entre los laboratorios farmacéuticos y los hospitales públicos. En lugar de realizar compras directas, el gobierno delegó esta responsabilidad a empresas privadas, lo que incrementó el precio de los medicamentos para las instituciones públicas y, por ende, para los ciudadanos.
El espectro de la corrupción: ¿Estamos ante un acto de abuso de poder?
La rapidez con la que se llevó a cabo la licitación y el hecho de que las empresas beneficiarias estuvieran relacionadas con figuras políticas cercanas al gobierno saliente ha abierto la puerta a especulaciones sobre posibles actos de corrupción. El término «abuso de poder» no es exagerado cuando se considera que estas decisiones afectan a millones de colombianos.
¿Estamos ante un acto claro de abuso de poder y corrupción, o simplemente ante una negociación legítima?
Estas preguntas se vuelven cada vez más relevantes a medida que el tiempo pasa y el gobierno de Petro comienza a investigar los pormenores del acuerdo. La relación entre las empresas adjudicatarias y las autoridades políticas del país sigue siendo un terreno turbio que necesita ser esclarecido.
José Manuel Carbonell ejecutivo de la casa Char, es el representante de "Colombiana de inversiones SA" y de "Olímpica SA", que controlan la empresa "Eticos Serrano y Gomez" a quien Duque, a través de "compra eficiente" entregó un contrato por 1, 7 billones de pesos para… https://t.co/w8AN2vDT5J pic.twitter.com/8FSlAYnaMI
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 27, 2025
El futuro de la salud pública: ¿Qué implicaciones tiene este contrato para los Colombianos?
La salud es un derecho fundamental, y las decisiones que se tomen en torno a ella deben estar libres de intereses privados o políticos. Sin embargo, lo que estamos viendo con este contrato es una injerencia directa de grupos empresariales con intereses particulares, lo cual podría generar consecuencias nefastas para el sistema de salud a largo plazo.
¿Está el bienestar de los colombianos siendo relegado a segundo plano en favor de intereses privados y políticos?
Más allá de las implicaciones económicas, la salud pública de Colombia podría estar en juego. La falta de transparencia en los precios de los medicamentos y el control de su distribución es una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento, afectando a las personas más vulnerables del país.
¿Puede la oposición política o la sociedad civil poner un freno a este tipo de prácticas?
El papel de las instituciones encargadas de fiscalizar los contratos públicos, como la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia de Salud, ha sido cuestionado. ¿Por qué no se pronunció ninguna de estas entidades sobre un contrato de tan alto perfil, cuando ya se habían identificado sospechas de irregularidades en su adjudicación? La falta de acción de las «Ias» gubernamentales alimenta la sensación de impunidad y desconfianza.
El acuerdo marco de precios: Un mecanismo polémico
El famoso Acuerdo Marco de Precios, que fue la base para la adjudicación de este contrato, ha sido objeto de críticas. Según expertos, este mecanismo busca una agregación de demanda, lo que significa que los proveedores seleccionados por Colombia Compra Eficiente tienen el derecho exclusivo de vender a las entidades públicas, como hospitales, policía y ejército. La exclusión de competidores como Cruz Verde y la elección de ciertos proveedores con poca experiencia en el sector sanitario solo aumentan la desconfianza.
¿Por qué excluir a empresas con más experiencia en el sector, como Cruz Verde, y dar preferencia a nuevos actores con vínculos políticos?
A través de este acuerdo, Éticos Serrano, una empresa vinculada a los Char, se ha beneficiado enormemente, obteniendo contratos millonarios con entidades como la Dirección General de Sanidad Militar (DGSM). La relación entre esta empresa y el clan Char es clara, pero la pregunta persiste:
¿Realmente es esta la mejor opción para Colombia, o es solo una jugada política más?
La defensiva del Gobierno de Duque y las reacciones de la oposición
El expresidente Iván Duque defendió la legalidad del contrato, argumentando que fue una decisión tomada conforme a los procedimientos establecidos y que el gobierno entrante estaba al tanto del proceso. Sin embargo, la oposición, liderada por el presidente Gustavo Petro, no ha tardado en levantar la voz. Petro solicitó a las autoridades competentes investigar los precios y la transparencia de los contratos firmados durante el gobierno de Duque, señalando que el contrato podría tener implicaciones de corrupción.
¿Por qué la resistencia a una reforma a la salud que podría poner fin a estos acuerdos ventajosos para los pocos y no para el pueblo?
La respuesta de Petro parece estar dirigida a desmantelar lo que considera un sistema corrupto que ha beneficiado a unas pocas élites en detrimento de la salud de la mayoría de los colombianos. Si las reformas no pasan, ¿se entenderá esto como una resistencia a cambiar un sistema que ha sido forjado por años de corrupción?
Conclusión: ¿Qué queda por responder?
A medida que la controversia sobre este contrato sigue avanzando, surgen más preguntas que respuestas. Los colombianos merecen saber la verdad detrás de estos acuerdos millonarios, y las autoridades deben garantizar que las decisiones en el sector público se tomen con total transparencia y al servicio de la ciudadanía. Las dudas sobre el contrato con los Char y las empresas involucradas no solo están relacionadas con el abuso de poder, sino también con la capacidad del Estado para mantener la integridad en la contratación pública.
¿Serán las instituciones del Estado capaces de investigar con imparcialidad y sin influencias políticas?
La historia de este contrato aún tiene muchos capítulos por escribir, pero lo que está claro es que los colombianos merecen respuestas.
Según @WRadioColombia 16 días antes de mi posesión como presidente, Duque entregó un billonario contrato de medicamentos a políticos.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2025
¿Por qué 16 días antes de irse? ¿ Por qué a políticos? ¿Porque crear intermediarios entre los laboratorios productores de medicamentos y los… https://t.co/vtTWjBO0lY
