Uno de los sectores más afectados es la salud, donde el desabastecimiento de medicamentos ha generado críticas. La Contraloría identificó que la falta de pago oportuno a los gestores farmacéuticos está afectando el derecho fundamental a la salud.
En 2024, el ente de control informó que 26 EPS adeudaban $25 billones a IPS y proveedores, situación que motivó la intervención de Sanitas y Nueva EPS. Aunque se ha avanzado en la actualización del informe sobre la cartera de las EPS, se reportó un incremento en las cuentas por pagar entre octubre de 2023 y diciembre de 2024.
Bajo recaudo y ajustes fiscales
El manejo de las finanzas públicas también genera preocupación. La Contraloría advirtió ante la Comisión Legal de Cuentas sobre la baja ejecución presupuestal y el incumplimiento del 85,4% de la meta de recaudo en 2024.
Esto llevó a recortes en el presupuesto de gastos por $28 billones y, pese a ello, solo se ejecutaron el 83% de los recursos asignados. La entidad también ha identificado posibles manipulaciones en bases de datos de contribuyentes y falencias en el cobro de tributos.
Riesgo de desabastecimiento energético
El panorama en el sector minero-energético también es alarmante. La falta de recursos fiscales impacta la financiación de subsidios a servicios públicos y persisten los riesgos de desabastecimiento de gas natural debido a la disminución de reservas.
Además, la falta de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y la lentitud en los trámites de licenciamiento ambiental amenazan el suministro.
El contralor confirmó que se han realizado mesas de trabajo junto con la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Minas y Energía para garantizar la estabilidad del sector. Sin embargo, enfatizó que la mora en los subsidios a tarifas de energía y gas podría generar aumentos en los costos para los usuarios.
Y.A.
