Ante la creciente crisis económica que afecta a los trabajadores venezolanos, se ha propuesto la emisión de un Decreto de Emergencia Salarial, con el objetivo de establecer un salario mínimo de 200 dólares mensuales, ajustado a la tasa del Banco Central de Venezuela.
UN SALARIO QUE NO ALCANZA
Desde marzo de 2021, el salario mínimo en Venezuela se ha mantenido en 130 bolívares, una cifra que, debido a la inflación y la devaluación, hoy equivale a 1.90 dólares mensuales. Esta situación ha generado un impacto devastador en la calidad de vida de los trabajadores, con un aumento de la pobreza y una migración masiva en busca de mejores condiciones.
El gobierno nacional argumenta que el país ha mostrado 14 trimestres consecutivos de crecimiento económico, con un aumento del 9% en el PIB durante 2024, lo que indicaría la capacidad del Estado para realizar ajustes salariales que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.
MEDIDAS PROPUESTAS
El Decreto de Emergencia Salarial contempla una serie de disposiciones para garantizar la recuperación del poder adquisitivo:
- Incremento del salario mínimo a 200 dólares mensuales, ajustado a la tasa oficial del BCV.
- Ajustes progresivos en las escalas salariales de la administración pública.
- Derogación del instructivo ONAPRE de 2022 y el Memorándum 2792 de 2018, que han limitado los beneficios de los trabajadores.
- Cumplimiento obligatorio por parte del sector público y privado.
- Promoción del empleo y fortalecimiento del aparato productivo, para garantizar estabilidad económica a largo plazo.
- Medidas contra la guerra económica, protegiendo el bienestar de los trabajadores.
El anuncio de esta propuesta ha generado diversas reacciones. Mientras algunos sectores ven con optimismo la posibilidad de un aumento significativo en los ingresos, otros consideran que la medida debe estar respaldada por un plan económico integral que garantice su sostenibilidad.
Los trabajadores esperan que esta iniciativa no solo se quede en el papel, sino que represente un verdadero cambio en su calidad de vida. Por ahora, queda en manos del Ejecutivo la decisión de avanzar con esta medida y su implementación en el corto plazo.
