El ente de control argumenta falta de pruebas contundentes en la demanda que busca anular la designación del mandatario. La decisión final está en manos del Consejo de Estado.
El proceso judicial en contra del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, ha dado un giro significativo tras la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó al Consejo de Estado negar las pretensiones de la demanda que busca anular su elección. La entidad argumentó que los señalamientos en su contra carecen de sustento probatorio sólido.
El 27 de marzo de 2025, la Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Carrillo Pérez, radicó un memorial ante el despacho del magistrado Luis Álvarez Parra, encargado del caso en la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el documento, la funcionaria solicitó que se desestimen las pretensiones de nulidad presentadas contra la elección de Martínez.
Uno de los principales argumentos de la demanda es la presunta doble militancia en la modalidad de apoyo, que habría infringido los artículos 107 de la Constitución y 2 de la Ley 1475 de 2011. Para sustentar esta acusación, los demandantes presentaron un video como prueba fundamental. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que «no es posible afirmar de manera fehaciente que Rafael Alejandro Martínez incurrió en la prohibición legal de doble militancia«, puesto que el material audiovisual carece de la idoneidad suficiente para demostrar la falta.
Asimismo, otro de los argumentos de los accionantes se basó en la supuesta gestión de negocios ante entidades públicas en interés de terceros durante los doce meses previos a la elección de Martínez, lo que estaría prohibido por el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 5 del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022. No obstante, la Procuraduría también desestimó esta acusación al considerar que «no se cumplió con la carga de la prueba requerida para acreditar la causal de anulación», pues los demandantes fundamentaron su argumento en apreciaciones subjetivas y en informaciones de prensa, sin aportar evidencia concluyente.
Este respaldo por parte de la Procuraduría General de la Nación representa un fuerte espaldarazo para el gobernador Rafael Martínez, quien ha enfrentado un complejo proceso judicial que pone en riesgo su permanencia en el cargo. No obstante, la última palabra la tendrá el Consejo de Estado, que en las próximas semanas deberá emitir un fallo definitivo sobre la validez de su elección.
Implicaciones políticas y jurídicas
La postura de la Procuraduría podría tener un impacto significativo en la decisión final del Consejo de Estado, ya que esta entidad juega un papel clave en la interpretación de normativas electorales y en la defensa de la legalidad de los procesos democráticos. En términos políticos, una confirmación de la validez de la elección de Martínez fortalecería su posición como líder departamental y podría desactivar las controversias en torno a su mandato.
Por otro lado, si el Consejo de Estado decide anular su elección, el Magdalena podría enfrentar un periodo de incertidumbre institucional, con la posibilidad de una nueva convocatoria electoral o la designación de un gobernador encargado.
Más allá del caso específico de Rafael Martínez, este proceso sienta un precedente importante sobre los límites de la doble militancia y los criterios de prueba en las demandas de nulidad electoral. Lo que se decida en este caso podría influir en futuros procesos judiciales similares en Colombia.
Y.A.
