El sistema de salud colombiano atraviesa una de sus peores crisis, y los números reflejan una tragedia económica y social sin precedentes. En los últimos 15 años, 11 EPS han sido liquidadas, dejando un agujero financiero de más de $45 billones, mientras que 18.5 millones de colombianos han sido abandonados por un sistema que prometía salud y bienestar, pero que ha sido desmantelado por la corrupción, la mala gestión y la falta de control.
La historia de estas entidades es un ciclo repetido de crecimiento acelerado, deterioro financiero inexplicable, intervención gubernamental y, finalmente, liquidación. Entre las más representativas se encuentra Medimás, que en solo cinco años acumuló $2 billones en pérdidas. Esta EPS, surgida en 2017 de las cenizas de Cafesalud, colapsó en 2022 dejando a 1.5 millones de afiliados a la deriva y con deudas de más de $1.5 billones a prestadores de servicios en 14 departamentos del país.
Saludcoop, otra de las grandes entidades afectadas, pasó de ser una de las principales EPS en el país con más de 5 millones de afiliados a ser intervenida en 2011 y liquidada en 2023, lo que generó un efecto dominó que arrastró a Cafesalud y luego a Medimás. Las pérdidas de estas EPS, junto con Coomeva (que tuvo pérdidas superiores a $1 billón), Caprecom, Comparta, Savia Salud y otras, han dejado un panorama desolador para millones de colombianos.
Hoy en día, el país enfrenta una situación alarmante: las ocho EPS intervenidas podrían requerir $45 billones para ser liquidadas o rescatadas financieramente. Se necesitarían $19.2 billones solo para pagar las deudas exigibles a prestadores, y $21.1 billones más para cubrir las reservas técnicas que garantizan los tratamientos en curso. El costo de trasladar a los usuarios en caso de liquidación también asciende a $4.3 billones.
A pesar de este panorama, los expertos señalan que el verdadero problema no es financiero ni administrativo, sino moral. Vicente Calvo, experto en temas de salud, subraya que el sistema no está fallando por mal diseño, sino porque el modelo mismo ha sido diseñado para extraer recursos públicos y convertirlos en fortunas privadas. Las entidades responsables de la salud pública, desde su origen, han sido saqueadas y debilitadas por una burocracia voraz y una serie de «chanchullos» orquestados por políticos y empresarios que no han sido castigados.
La repetición de este ciclo de crisis, intervención y liquidación muestra la ausencia de una voluntad política real para solucionar los problemas estructurales del sistema. La intervención y liquidación de estas EPS han seguido un patrón casi idéntico, donde los recursos públicos desaparecen sin consecuencias. Mientras tanto, los millones de colombianos que han sido víctimas de esta debacle siguen esperando atención médica, sin un sistema que les garantice acceso a servicios dignos.
En resumen, la crisis sanitaria colombiana no es solo una cuestión de dinero, sino de un sistema capturado por la corrupción que ha olvidado que detrás de cada cifra hay personas que necesitan atención médica urgente. El futuro del sistema de salud en Colombia dependerá de si el gobierno y los ciudadanos se atreven a enfrentar este monstruo de impunidad que ha desangrado el país durante años.
