En un escandaloso acto de “privilegio político” y desangre de los recursos públicos, la Asamblea del Atlántico aprobó esta semana un proyecto de ordenanza que exoneró de pago de estampillas departamentales a los contratistas encargados del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que representa un regalo de más de $2.500 millones de los contribuyentes a las empresas encargadas del suministro de alimentos para más de 49.000 estudiantes de la región.
A pesar de que el contrato para la operación del PAE, que contempla un monto total de $20.558 millones, busca ofrecer raciones alimentarias a los estudiantes, el beneficio para el contratista de exonerarse del pago de siete estampillas departamentales ha sido justificado bajo la excusa de ampliar la cobertura del programa. Sin embargo, expertos y ciudadanos ven en esta decisión una muestra más del deterioro institucional y el favorecimiento a grandes contratistas en detrimento de las necesidades sociales del Atlántico.
Según el informe emitido por la Gobernación del Atlántico, la medida permitirá que el futuro contratista del PAE se «ahorre» la cantidad de $2.549 millones, recursos que normalmente irían a diferentes programas de desarrollo social en el departamento. Estas estampillas, que representan un 11,8% del valor total del contrato, benefician principalmente al contratista, mientras que la región pierde recursos que podrían haberse destinado a áreas como la cultura, la electrificación rural, los hospitales y la tercera edad, entre otros sectores fundamentales para el desarrollo local.
Desde hace años, la Gobernación ha venido otorgando este tipo de privilegios amparados en una interpretación cuestionable de la ley, lo que ha generado dudas sobre la legalidad y equidad del proceso. Servicios de Alimentación N.P. S.A – La Vianda, una de las empresas más beneficiadas por estos contratos, se ha convertido en un nombre recurrente en la historia de estos «regalos». La compañía, que ha ganado contratos millonarios año tras año, ahora se ve favorecida por un nuevo alivio fiscal, mientras las comunidades del Atlántico siguen esperando mejoras en áreas clave.
El argumento oficial de la Gobernación, que justifica esta exoneración como una forma de ampliar la cobertura del programa, no convence a muchos. Expertos aseguran que el negocio ya está lo suficientemente financiado para cubrir el costo de las estampillas, lo que hace que la decisión suene más a una compensación política que a una estrategia para mejorar las condiciones educativas y de salud en la región.
El dinero que deja de ingresar a las arcas del departamento tiene un costo directo para los ciudadanos. La «exoneración» de recursos vitales afecta a programas como el proyecto de electrificación rural, que sigue siendo una necesidad en muchas comunidades del Atlántico, los hospitales universitarios que luchan por ofrecer servicios adecuados, y los programas de tercera edad, que requieren una dotación urgente de recursos.
La corrupción como modelo de Gobierno
El profesor Alejandro Nieto, experto en el análisis de la corrupción institucional, sostiene que este tipo de prácticas no son excepcionales, sino que forman parte de un modelo de negocio para una clase política que ha secuestrado al Estado. «El Estado ya no está gobernado para el beneficio de la ciudadanía, sino que ha sido capturado por una élite política que se beneficia de la corrupción», señala Nieto.
Este nuevo acto de corrupción institucionalizada es solo la punta del iceberg. Desde 2018, la Gobernación ha seguido otorgando estos privilegios amparados en un oscuro fallo del Consejo de Estado, lo que ha generado un precedente de impunidad que afecta profundamente el desarrollo del departamento.
Preguntas sin respuestas
Este regalo de $2.549 millones plantea varias interrogantes:
- ¿Por qué se exoneran unos contratistas y no otros?
- ¿Cómo justifican violar los principios de igualdad y equidad en los contratos?
- ¿De dónde saldrán los recursos que dejan de ingresar a las finanzas públicas?
El silencio de las autoridades frente a estas cuestiones es ensordecedor, lo que solo aumenta la desconfianza de los ciudadanos.
Este escándalo no es solo un caso de $2.549 millones que van a parar a manos privadas, sino una evidencia de cómo la corrupción se ha normalizado en los procesos de contratación pública. Cada peso que se exonera de un contratista es una escuela sin mejoras, un hospital sin equipamiento, una comunidad rural sin electrificación, y una tercera edad olvidada.
Los recursos que deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de los atlanticenses se pierden en los laberintos de la corrupción, mientras las promesas de bienestar social quedan en el aire. La exoneración de estampillas es solo una de las muchas formas en las que los intereses privados siguen secuestrando los recursos públicos de los colombianos.
El Atlántico merece un cambio, y los ciudadanos no deben seguir permitiendo que estos actos de cinismo institucional se sigan repitiendo.
