Redacción Web
En un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación, se conoció una orden de la Policía Judicial para realizar una búsqueda selectiva en bases de datos con el fin de obtener información financiera y contractual relacionada con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El documento, con fecha del 25 de marzo de 2025, detalla que la investigación está centrada en presuntas irregularidades como la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas (Artículo 396A del Código Penal) y la violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales (Artículo 396B).
La orden de la Fiscalía instruye al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a recopilar documentos contables y financieros, incluyendo contratos, facturas, recibos de caja y transferencias electrónicas, relacionados con la Coalición Pacto Histórico, Colombia Humana y la campaña presidencial de Petro, así como su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa.
PETRO REACCIONA: “ESTO ES VIOLAR LA CONSTITUCIÓN”
El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter), rechazando la orden de la Fiscalía y asegurando que se trata de un acto inconstitucional.
«Esto es violar la Constitución. Al presidente de la República no lo investiga la Fiscalía», escribió Petro, en un claro desafío al ente investigador.
¿PUEDE LA FISCALÍA INVESTIGAR A UN PRESIDENTE EN FUNCIONES?
Las declaraciones del mandatario abren el debate sobre los límites del poder de la Fiscalía en casos que involucren a un Presidente en ejercicio. De acuerdo con la Constitución, el único organismo con facultades para investigar formalmente al Jefe de Estado es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que podría significar un conflicto de competencias en esta indagación.
Este nuevo choque entre la Fiscalía y el Gobierno se suma a una serie de enfrentamientos entre ambas instituciones, en un contexto de creciente polarización política. Entretanto, la investigación sigue su curso y podría tener repercusiones tanto jurídicas como políticas en los próximos días.
