El modelo de salud en Colombia acumula 25 años de deudas, negocios millonarios y miles de víctimas.
Mientras los pacientes enfrentan largas esperas y excusas en los hospitales, las EPS continúan acumulando millonarias ganancias y una deuda superior a los 13 billones de pesos con clínicas y centros de salud. Este modelo de aseguramiento, que convierte la salud en un negocio, no es un problema reciente ni exclusivo del gobierno de Gustavo Petro.
La crisis se originó con la Ley 100 de 1993, aprobada durante el mandato de César Gaviria, con el impulso de Ernesto Samper y Juan Manuel Santos como ministros, y la influencia de Álvaro Uribe en el Senado. Desde entonces, el sistema ha acumulado denuncias por desatención, barreras administrativas y un profundo déficit financiero que afecta la calidad del servicio.
Un negocio para las EPS, un sufrimiento para los pacientes
La falta de reformas estructurales ha permitido que las EPS sigan operando bajo un esquema que prioriza la rentabilidad sobre la atención. Durante estos 25 años, el saldo ha sido trágico: más de 1.5 millones de personas murieron no por sus enfermedades, sino por la incapacidad del sistema de garantizar tratamientos oportunos.
El modelo actual ha convertido la salud en una industria donde la intermediación financiera impide el acceso efectivo a los servicios médicos. Mientras tanto, clínicas y hospitales siguen esperando el pago de sus acreencias, viéndose obligados a restringir la atención y generar más trabas a los pacientes.
¿Por qué no se ha cambiado el sistema?
A pesar de múltiples intentos por modificar la Ley 100, ningún gobierno ha logrado desmontar el modelo. La influencia de poderosos sectores económicos y políticos ha impedido avances significativos en la reforma del sistema de salud.
El debate sigue abierto, mientras millones de colombianos enfrentan un sistema diseñado para generar ganancias en lugar de garantizar el derecho fundamental a la salud.
Y.A.
