Exmagistrado Raymundo Marenco explica los retos jurídicos de la consulta popular sobre la Reforma Laboral

En una entrevista exclusiva con el periodista Lao Herrera, el exmagistrado Raymundo Marenco compartió su visión sobre la reciente solicitud del presidente Gustavo Petro, quien ha propuesto una marcha nacional para convocar una consulta popular que apruebe la Reforma Laboral. Según Marenco, el proceso requiere superar varios obstáculos jurídicos antes de llegar a la ciudadanía.

Desde el punto de vista constitucional, Marenco explicó que la consulta popular puede ser presentada por el presidente, siempre y cuando sea respaldada por la firma de todos los ministros conforme lo establece el artículo 104 de la Constitución Política y cuente con el apoyo del 5% del censo electoral del país. Sin embargo, el exmagistrado subrayó que este proceso no está exento de dificultades, ya que debe pasar por un debate intenso en el Senado de la República antes de ser aprobado.

Marenco destacó la importancia del ministro del Interior, Armando Benedetti, debido a su profundo conocimiento del Senado, lo que podría facilitar el trámite legislativo. Según el exmagistrado, la consulta debe ser aprobada por al menos una tercera parte del censo electoral colombiano. El censo electoral son alrededor de 41 millones de personas, es decir, deberían ser aproximadamente 14 millones de personas que tienen que intervenir y participar en la consulta, de las cuales se necesitarían alrededor de 7 millones de votos favorables para que la consulta sea válida.

En cuanto al impacto de la reforma, Marenco argumentó que las mejoras laborales que propone el gobierno están orientadas a aumentar los ingresos de la clase trabajadora, lo que les permitiría acceder a bienes de propiedad privada. «Cuando se le niega a la clase trabajadora la posibilidad de acceder a propiedades privadas, lo que se está haciendo es una expropiación», señaló, añadiendo que esta es una visión propia de un sistema capitalista que protege la propiedad privada.

El exmagistrado también criticó las recientes manifestaciones en contra de la reforma, afirmando que en un sistema democrático, las mejoras laborales deberían ser vistas como un beneficio para toda la clase trabajadora, desde los empleados de oficinas hasta los trabajadores del campo. Sin embargo, subrayó que la oposición de algunos sectores empresariales busca limitar el acceso de los trabajadores a propiedades, lo cual, según él, perjudica a la clase trabajadora en Colombia.

Con este análisis, Marenco deja claro que, aunque la consulta popular es un mecanismo legítimo, su éxito dependerá de una serie de factores tanto políticos como legales, lo que hará que este proceso no sea tan sencillo como parece.