La violencia en el Catatumbo vuelve a escalar, poniendo en riesgo a miles de habitantes que quedan atrapados en los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales. Según denuncias de comunidades y organizaciones humanitarias, las disidencias estarían utilizando a la población civil como escudo humano para evitar ataques en la zona.
TERROR Y DESPLAZAMIENTO EN LA REGIÓN
Desde hace semanas, los combates se han intensificado en municipios como Tibú y El Tarra, donde las estructuras criminales disputan el control de rutas estratégicas para el narcotráfico. En medio de esta confrontación, los habitantes reportan amenazas, confinamientos forzados y el uso de niños y adultos como barrera ante operativos y ataques.
“Estamos viviendo un infierno. Nos obligan a quedarnos en nuestras casas mientras ellos se enfrentan. Quien intente huir, lo amenazan”, relata un habitante de la zona bajo condición de anonimato.
EL GOBIERNO RESPONDE, PERO LA VIOLENCIA NO CEDE
Las autoridades han reconocido la crisis y han desplegado fuerzas militares en la región, pero la población sigue sufriendo las consecuencias del conflicto. El presidente Gustavo Petro ha condenado estas acciones y ha reiterado su intención de tomar medidas más drásticas si la situación continúa deteriorándose.
Entre las opciones sobre la mesa se encuentra la declaración de emergencia en la zona y el fortalecimiento de las operaciones contra los grupos armados ilegales. Sin embargo, los habitantes del Catatumbo exigen soluciones de fondo y garantías de seguridad que les permitan recuperar su tranquilidad.
LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Ante la grave crisis humanitaria, organizaciones de derechos humanos han solicitado la intervención de organismos internacionales para vigilar la situación y evitar que se sigan vulnerando los derechos de la población.
El Catatumbo sigue siendo un territorio de alto riesgo, donde la guerra entre grupos ilegales ha convertido a la población en víctima de una violencia que parece no tener fin. Mientras las comunidades claman por paz, el conflicto sigue cobrando vidas y desplazando a cientos de familias, dejando en evidencia la urgente necesidad de una solución integral y sostenible.
