El proyecto de Ley propuesto por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afectaría a los estratos 4, 5 y 6 con una deuda de 3,1 billones de pesos, mientras que los estratos 1, 2 y 3 perderían subsidios dependiendo de su consumo.
Un nuevo proyecto de ley podría significar un grave golpe para las clases medias y bajas en Colombia. Propuesto por el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, esta legislación busca obligar a los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comerciales e industriales, a hacerse responsables del pago de una deuda pendiente que asciende a los 3,1 billones de pesos. Esta deuda proviene de la Opción Tarifaria, un mecanismo que ha generado polémica desde su creación.
Según el borrador de la ley, se establecería la posibilidad de emitir bonos o títulos de deuda pública que permitirían cubrir el saldo pendiente mediante una sobretasa eléctrica que recaería sobre los usuarios de los estratos más altos, incluidos los comerciales e industriales. Este mecanismo no requeriría ninguna modificación en el presupuesto, sino que sería asumido directamente por los consumidores a través de un ajuste en la tarifa de energía.
La propuesta tiene repercusiones no solo para los estratos 4, 5 y 6, sino también para los estratos 1, 2 y 3. El primer artículo del proyecto establece que, a partir del segundo ciclo de facturación mensual, las empresas comercializadoras de energía solo aplicarán subsidios a aquellos usuarios de los estratos bajos cuyo consumo de energía no supere el consumo básico de subsistencia. Aquellos que excedan este límite deberán pagar la tarifa plena del Costo Unitario de energía, sin importar a qué estrato pertenezcan.
Este cambio en los subsidios tendría un impacto negativo significativo en las familias de los estratos más bajos, que ya enfrentan dificultades económicas. Además, el proyecto de ley incluye una medida aún más polémica: a partir del cuarto ciclo de facturación mensual, aquellos usuarios residenciales que superen los 529 kWh mensuales en promedio durante tres ciclos consecutivos deberán enfrentar una contribución del 20% sobre su tarifa, lo que aumentaría considerablemente el costo de la energía para muchas familias de clase media y baja.
La deuda de la Opción Tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 también será reconocida como deuda pública, y se establecerá un ajuste de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que podría tener repercusiones en el presupuesto nacional y en las finanzas públicas.
El proyecto de ley ha generado un gran malestar entre los sectores más vulnerables de la población. La preocupación es que las clases medias y bajas, ya golpeadas por la inflación y la crisis económica, podrían ver un aumento sustancial en el costo de los servicios públicos, especialmente la electricidad. Los estratos 1, 2 y 3, que dependen de los subsidios para hacer frente a los altos costos de los servicios, se verían aún más afectados si se eliminan estos beneficios para los usuarios que superen los consumos básicos.
Además, el gasto energético en los estratos altos también se incrementaría, lo que podría generar una mayor desigualdad en el acceso a los servicios públicos. Esta medida podría resultar en un mayor encarecimiento de los costos de producción para el sector industrial y afectar aún más la competitividad del país.
En conclusión, el proyecto de Ley de Minminas propuesto por el ministro Edwin Palma podría tener efectos devastadores para las clases sociales más desfavorecidas en Colombia, al mismo tiempo que sigue sin abordar problemas estructurales en la industria energética del país. Si bien es necesario encontrar soluciones a la deuda de la Opción Tarifaria, lo cierto es que este proyecto parece agravar las tensiones sociales y económicas en un momento ya de por sí crítico para muchas familias colombianas.
Y.A.
