Ángela María Buitrago destacó que el acaparamiento de medicamentos es un delito en Colombia y que las acciones judiciales requieren orden de un juez para proceder con los allanamientos.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se pronunció sobre la orden del presidente Gustavo Petro de allanar bodegas donde presuntamente se estarían acaparando medicamentos. En su declaración, Buitrago enfatizó que cualquier allanamiento a dispensarios privados debe contar con la autorización de un juez, en cumplimiento del marco legal colombiano.
La funcionaria subrayó que el acaparamiento de medicamentos constituye un delito que impacta no solo la salud pública, sino también el orden económico y social del país. “Las acciones judiciales permiten que, a través de una orden de juez, se realicen los allanamientos”, explicó.
Asimismo, advirtió que esta práctica ilícita genera “problemas de inflación y afecta la estabilidad económica de Colombia”, al limitar el acceso a medicamentos de primera necesidad. Según la ministra, el Código Penal contempla sanciones para quienes incurran en este tipo de delitos, ya que atentan contra tres bienes jurídicos fundamentales: salud e integridad personal, orden económico y social, y estabilidad de la sociedad colombiana.
Buitrago también precisó que, en casos donde se detecten más irregularidades, el Gobierno procederá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Además, recordó que, mientras los allanamientos a espacios privados requieren orden judicial, en hospitales y centros médicos, la autoridad competente para intervenir es el Ministerio de Salud.
Finalmente, la ministra reafirmó el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra el acaparamiento de medicamentos, garantizando que se aplicarán todas las herramientas legales necesarias para enfrentar esta problemática y proteger el derecho a la salud de la población.
Y.A.
