Un convenio por 2,4 billones de pesos adjudicado a pocos días del cambio de gobierno, que garantiza la distribución de medicamentos a hospitales, Policía y Ejército, generando controversia sobre su legalidad y transparencia.
En los últimos días del mandato de Iván Duque, el gobierno salió a adjudicar un contrato millonario que generó gran revuelo en el sector público. El pasado 21 de julio de 2022, a través de Colombia Compra Eficiente, se entregó el Convenio Marco número CCENEG-055-03-2022, un proceso de selección abreviada para la contratación de proveedores de medicamentos destinados a hospitales públicos, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Este acuerdo, que asciende a la exorbitante cifra de 2,4 billones de pesos, ha quedó sellado por tres años, lo que significa que la administración de Gustavo Petro no podrá contratar con proveedores distintos a los que han sido seleccionados bajo este convenio. Según varias fuentes cercanas al proceso, este contrato garantiza que las compras de medicamentos para estas entidades públicas estarán restringidas a las tres empresas adjudicatarias hasta 2025.
Éticos Serrano Gómez Ltda, una empresa vinculada a la familia Char, fue la primera en obtener el contrato. Según la Cámara de Comercio, Farid Char, miembro de la influyente familia de Atlántico, es uno de los socios principales de la compañía. Este contrato asegura que la distribución de medicamentos a una vasta región del país, que incluye departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, estará bajo la responsabilidad de esta firma durante los tres años que dura este contrato.
A pesar de la controversia que se suscitó tras la adjudicación de este millonario contrato en los últimos días de gobierno de Iván Duque, algunos participantes del proceso aseguraron que se cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley de contratación pública. Estos comentarios intentan disipar las dudas sobre la legalidad y la transparencia del proceso, el cual se llevó a cabo en un contexto político muy cercano al fin del mandato de Duque.
Además de Éticos Serrano Gómez Ltda, otras dos empresas fueron beneficiadas con el contrato: Unión Temporal Audidrogas, encargada de la distribución nacional, y Productos Hospitalarios S.A., que se ocupa de los departamentos mencionados anteriormente. Estas empresas se suman a un pequeño grupo de proveedores que han quedado asegurados con este convenio millonario, lo que ha generó preocupación entre quienes cuestionan la falta de transparencia y el posible direccionamiento de este proceso.
El hecho de que se haya adjudicado un contrato tan importante y de tal magnitud en la última semana de gobierno de Duque ha sido interpretado por algunos como una medida para garantizar el control sobre las compras públicas en el sector de la salud, especialmente en un contexto donde se estaba dando el cambio de administración. Los detractores argumentan que este tipo de decisiones comprometen la autonomía de la nueva administración, que debió lidiar con las implicaciones de este acuerdo durante tres años con término en este 2025.
Este tipo de contratos a largo plazo no solo levantan suspicacias por la magnitud de los montos involucrados, sino también por la cercanía de su adjudicación con el cambio de administración. Aunque las autoridades involucradas aseguran que el proceso fue transparente y cumplió con las normativas, la realidad es que las vinculaciones de empresas con grandes nombres de la política local, como la familia Char, alimentan las críticas sobre posibles influencias indebidas en la contratación pública.
De cara al futuro, el gobierno de Gustavo Petro deberá revisar estos acuerdos con mucho más cuidado para evitar que su implementación afecte la calidad del servicio público y, lo que es más grave, que las decisiones tomadas bajo el gobierno anterior limiten la capacidad de actuación de las nueva administración.
Y.A.
