La Ley 789 de 2002, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, introdujo cambios importantes en las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, mismos que todavía generan controversia y críticas de diversos sectores sociales.
La reforma, que en un principio se justificó como una medida para reducir el desempleo –que en ese entonces se situaba en un 16% –, es señalada por expertos como perjudicial para los trabajadores y beneficiosa para los empresarios.
Antes de la entrada en vigor de esta ley, la norma establecía que la jornada laboral diurna tenía lugar entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., mientras que la de la noche se iniciaba a las 10:00 p. m. y terminaba a las 6:00 a. m.
Después de la reforma, la jornada diurna se extendió hasta las 10:00 p. m., con lo que se redujo el horario considerado nocturno. Esto eliminó el pago del recargo adicional que los empleados recibían por trabajar en horas extras o nocturnas, que antes representaba un 35% más sobre el salario base.
Otro de los apartados que desató críticas fue la disminución en los recargos dominicales y festivos. Según lo estipulado por la Ley 789 de 2002, la remuneración extra por estos días pasó del 100% al 75%, lo que significó una reducción importante para los ingresos de millones de trabajadores que dependían de los turnos en estos horarios.
En palabras de Pares, que tiene como director a León Valencia, “el trabajador debió sacrificar el 66,6% del valor total que por el dominical percibía antes de la reforma”. Por ejemplo, esta explica que un trabajador convencional dejó de recibir $14.457 adicionales (equivalentes al valor de un día ordinario de trabajo) en comparación con lo que habría ganado antes de los cambios introducidos por el gobierno de Uribe.
Según datos del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social (Omtss), “durante el segundo semestre de 2003 solamente 62.000 asalariados del sector privado urbano trabajaron 36 horas semanales (1,3% del total), y no de todos ellos se tiene la certeza de que hayan sido vinculados bajo la modalidad de turnos continuos de seis horas diarias”.
A su vez, la extensión de las jornadas laborales sin recargo adicional intensificó el problema. La regulación, que en un inicio se aplicaba solo a ciertas actividades desde la Ley 50 de 1990, se amplió en 2002 a todas las empresas con operaciones ininterrumpidas. Esto, señalan múltiples sectores, afectó la calidad de vida de los empleados y deterioró sus condiciones de trabajo.
