La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Magdalena expresó su más enérgico rechazo ante la reciente elección del nuevo secretario de la Asamblea Departamental del Magdalena, una persona que, según se reporta, ha sido sancionada por acoso sexual.
La elección de esta persona, que además fue expulsada de la Universidad del Magdalena por haber acosado sexualmente a una estudiante, envía un mensaje preocupante de impunidad que revictimiza a todas las mujeres que han sufrido violencia de género y perpetúa las situaciones que protegen a los agresores.
«Es inadmisible permitir que alguien con un historial de acoso sexual y que ha sido expulsado por ello, ocupe una posición de poder en la Asamblea Departamental. La lucha contra la violencia hacia la mujer debe ser coherente, firme y consistente en todas las instituciones del departamento, especialmente en los espacios de poder», manifestó la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género.
La situación se torna aún más alarmante por el hecho de que cinco diputadas, quienes se han mostrado públicamente como defensoras de los derechos de las mujeres, respaldaron la elección de este funcionario. Este apoyo contradice los principios que estas diputadas aseguran representar y pone en evidencia una preocupante falta de compromiso con la lucha contra la violencia de género.
«La violencia de género no debe ser tolerada en ninguna forma, y mucho menos en las instituciones que deben velar por el bienestar de todas las personas, especialmente de las mujeres. El respaldo de esta elección por parte de las diputadas envía un mensaje muy negativo, que socava la confianza en el compromiso institucional hacia la igualdad de género», señaló la Secretaría.
Desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Magdalena, se reiteró el compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de todas las formas de violencia. Además, se exigió que las instituciones públicas del departamento estén libres de agresores y que se tomen acciones concretas para garantizar que los espacios de poder sean seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos de todas las personas, sin distinción de género.
«Este tipo de decisiones no deben quedar impunes. Las mujeres merecemos espacios donde podamos vivir y trabajar sin temor a ser acosadas o revictimizadas. Las instituciones deben dar ejemplo, y en este caso, debemos tomar acciones inmediatas para garantizar que tales situaciones no se repitan», concluyó la Secretaría.
La controversia continúa y se espera que las autoridades locales tomen cartas en el asunto para asegurar que el Magdalena avance hacia una sociedad más equitativa, donde la justicia y el respeto a los derechos humanos sean la norma.
