En el marco de las marchas convocadas no hay que negar que Colombia es un país de grandes desigualdades sociales y territoriales, por lo que podemos asegurar que para reducir la pobreza y promover la prosperidad en todo nuestro territorio, es menester incrementar la productividad, revitalizar y mejorar ostensiblemente el sistema de seguridad social; se hace necesaria la creación de mercados laborales más eficientes y como un requisito esencial fortalecer el sistema de transferencias fiscales intergubernamentales, para mejorar la accesibilidad a los servicios públicos y desde luego su calidad en todo el territorio nacional.
Sin embargo, su estabilidad macroeconómica ha sido la piedra angular, basado en un marco fiscal fundamentado en reglas, un tipo de cambio flexible y un régimen moderno de metas de inflación.
No obstante, el ritmo de crecimiento económico se ha desacelerado, aun cuando no se puede negar que Colombia cuenta con un gran potencial para mejorar su contribución al crecimiento del PIB a través de un aumento en la productividad y una mayor diversificación y expansión de sus exportaciones.
Son muchos los desafíos que deberían abordarse de manera fiscalmente responsable, lo que sigue siendo una condición previa, clave para que Colombia avance en sus objetivos de desarrollo, ojalá en el 2025 la situación mejore.
Además –como se sabe– la inflación es una “enfermedad” que afecta especialmente a los pobres; estos comprueban cómo los costos de los bienes y servicios que compran se incrementan cada día; especialmente la preocupación se concentran en aquellos que no se pueden dejar de consumir, como los productos de la canasta familiar, la educación, los servicios públicos domiciliarios, que en lo que va corrido de 2025 continúan incrementándose en un promedio del doble de los demás bienes de la economía.
Ante esta situación –de aumento generalizado de los precios por encima de los dos dígitos– el organismo responsable de la política monetaria tomó la decisión de aumentar las tasas de interés de referencia en su momento. El Banco de la República viene, desde 2021, incrementando dichas tasas, pasamos en noviembre de 2021 del 2,5% al 11% en 2022, en el 2023 en 12% y que hoy en día las tengamos en 9,5% es una reducción importante.
En el otro ángulo –isósceles– Colombia está expuesta a la reducción de la demanda de combustibles fósiles a medida que el mundo se descarboniza, por tal razón alcanzar las ambiciosas metas climáticas del país podría ayudar a reducir las vulnerabilidades y promover una estructura económica más diversificada a largo plazo.
Sin lugar a dudas estos desafíos deberían abordarse de manera fiscalmente responsable, lo que sigue siendo una condición clave para que Colombia avance en sus objetivos de desarrollo.
Consideramos conveniente a todas luces la importancia de analizar cómo evolucionara la economía en el 2025.
La industria manufacturera, la construcción y el comercio, que dan cuenta de la tercera parte de la generación de valor agregado nacional, han sido los más afectados por la contracción reciente, de acuerdo a las últimas cifras conocidas recientemente.
No obstante, al contrario de las referidas tendencias, el Plan Nacional de Desarrollo –el conocido PND– vigente en estos momentos, propugna por la reindustrialización y la disminución de la dependencia de los hidrocarburos y la minería.
Por todo lo antes relatado resulta necesario mantener en el radar estas variables durante el año que transcurre para ver si el Gobierno está a tono con la realidad mundial.
