A pesar de la reforma en trámite y el rechazo de varios sectores, el Ejecutivo buscará el apoyo legislativo para impulsar la consulta popular que respalde sus reformas.
El Gobierno de Gustavo Petro se encuentra en medio de una intensa batalla en el Congreso con el objetivo de obtener el primer ‘sí’ que permita avanzar en la convocatoria de una consulta popular. Este mecanismo, según el presidente, sería fundamental para dar impulso a sus reformas en materia de trabajo y salud. Sin embargo, el camino hacia la materialización de esta consulta está lleno de obstáculos legislativos, ya que el Senado debe aprobar una votación clave para darle viabilidad al proceso.
A pesar de que el Gobierno aún tramita una de sus reformas más polémicas, la de salud, la consulta popular se ha convertido en la prioridad del Ejecutivo, que busca que los colombianos se pronuncien sobre diversas reformas que impactan directamente su vida laboral y social. Esta estrategia, como señaló el ministro del Interior, Armando Benedetti, hace algunas semanas, busca dar un “envión” a las reformas que están en curso, a pesar de los tropiezos y desacuerdos dentro del mismo Congreso. De acuerdo con Benedetti, “ya no nos importa si la reforma se hunde o no en el Congreso. Ya el presidente y sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular, que va sí o sí”, refiriéndose al fuerte revés que sufrió la reforma laboral días atrás.
Para materializar esta consulta popular, el Gobierno debe superar un escollo importante: lograr la aprobación del Senado, un paso imprescindible para que el proceso avance. La Constitución de Colombia establece que para convocar una consulta popular, se requiere un concepto previo y positivo de la plenaria del Senado. Este órgano legislativo debe analizar y determinar si la propuesta es viable, y luego votar por mayoría simple si la apoya o no. La balanza está muy equilibrada en este sentido, y las fuerzas políticas del país se han dividido en torno a esta propuesta.
En cuanto a los números, el Gobierno cuenta actualmente con el respaldo de 20 votos de la bancada del Pacto Histórico y al menos 11 del partido Alianza Verde. Además, cinco senadores de los partidos minoritarios también se han mostrado a favor, lo que da un total de 36 votos a favor de los 105 posibles. Sin embargo, el panorama no es tan sencillo, ya que en contra se encuentran al menos 10 senadores de Cambio Radical, 12 del Centro Democrático y 4 de MIRA (26 votos en total), lo que deja la balanza en una posición incierta.
La clave para determinar si el Gobierno podrá avanzar con la consulta popular dependerá de los independientes. Actualmente, hay 15 senadores del Partido Conservador, 13 del Partido Liberal y 10 de La U que todavía no han decidido su postura. Estos votos serán decisivos en los próximos días, ya que el ambiente político puede cambiar rápidamente, y la relación entre el Gobierno y los congresistas sigue siendo tensa.
El presidente Petro ha aumentado la presión política sobre los congresistas opositores, especialmente tras las marchas que se realizaron en varias ciudades del país el pasado martes. Durante esas manifestaciones, Petro acusó a los senadores que votaron en contra de su reforma laboral de “traicionar al pueblo” y de ceder a “la codicia” y al dinero. Estas declaraciones, que el presidente lanzó en un tono desafiante, aumentaron la polarización dentro del Congreso, sobre todo en el Senado, donde varios congresistas respondieron a las acusaciones de Petro.
En ese contexto, Cambio Radical ya ha dejado claro que no apoyará la consulta popular, interpretando que la propuesta no responde a las necesidades actuales del país. El senador Carlos Fernando Motoa, miembro de esa bancada, señaló que las preguntas que se incluirán en el cuestionario del Gobierno son “engañosas y tendenciosas”. Por su parte, otros miembros del Centro Democrático, como el senador Carlos Felipe Mejía, también se han mostrado en contra, advirtiendo que la consulta popular no garantiza que se respeten los resultados de las votaciones.
A pesar de estos rechazos, el Gobierno no se da por vencido y sigue promoviendo la consulta popular como una vía para lograr reformas significativas en trabajo y salud. Sin embargo, el proceso enfrenta varios desafíos. El presidente Petro necesita que al menos 13,6 millones de colombianos participen en la consulta para que esta tenga validez jurídica, lo que representa aproximadamente un tercio del censo electoral del país. Si bien Petro obtuvo más de 11 millones de votos en la segunda vuelta de 2022, ahora necesita movilizar a al menos 2,4 millones de personas más.
Otro factor importante que no debe pasarse por alto es el costo de este proceso. Según cálculos de la Misión de Observación Electoral (MOE), una consulta de estas dimensiones requeriría una inversión cercana a los 400.000 millones de pesos, un gasto considerable teniendo en cuenta el actual desbalance fiscal que enfrenta el Gobierno, que asciende a 12 billones de pesos.
Con todo, la batalla por la consulta popular está lejos de resolverse. A medida que el Senado continúe debatiendo el futuro de este mecanismo, el apoyo de los independientes será esencial, y solo el tiempo dirá si el Gobierno de Petro logra superar los obstáculos para impulsar sus reformas a través de este proceso participativo.
Y.A.
