Los gremios empresariales y sociales han expresado su preocupación y rechazo ante la reciente propuesta del Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de trasladar la carga de la deuda por la opción tarifaria a los estratos 4, 5 y 6, así como a los empresarios. La iniciativa fue presentada por Palma en el marco del evento Colombia Genera 2025, realizado en Cartagena, y ha generado un debate en torno a sus implicaciones económicas y sociales.
Propuesta del Gobierno: ¿quién debe asumir la deuda?
La propuesta del Ministro Palma sugiere que los hogares de los estratos más altos y el sector empresarial sean responsables de saldar parte de la deuda por la opción tarifaria, que actualmente asciende a cerca de un billón de pesos. Esta deuda se originó a raíz de los ajustes tarifarios realizados durante la pandemia, cuando se congelaron los precios de la energía y las distribuidoras quedaron con saldos pendientes.
El Ministro defendió la medida como una forma de darle liquidez a las distribuidoras de energía, asegurando que la propuesta es una opción para analizar, y que ha sido puesta sobre la mesa como una solución viable para enfrentar el déficit en el sector energético.
Reacciones de los gremios
Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia entre diversos gremios. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y otros sectores económicos han cuestionado la medida, argumentando que el Gobierno debería asumir la deuda directamente, ya que fue este quien generó el compromiso inicial. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, insistió en que el Gobierno tiene los recursos necesarios para resolver el problema sin trasladar la carga a los ciudadanos y las empresas.
Asimismo, representantes de los sectores sociales también han expresado su preocupación, señalando que este tipo de medidas podría afectar negativamente el poder adquisitivo de las clases medias y altas, quienes ya enfrentan costos elevados en productos y servicios.
Una medida polémica
El debate sobre la opción tarifaria pone en evidencia las tensiones entre el sector empresarial, el Gobierno y la ciudadanía. Mientras el Ejecutivo busca soluciones para asegurar el flujo de recursos a las distribuidoras de energía, los gremios exigen una solución más equitativa y menos gravosa para los ciudadanos y empresarios.
La propuesta, aún en estudio, será discutida en los próximos días en el Congreso y con los actores involucrados, donde se espera que surjan nuevas alternativas para solucionar esta crisis económica en el sector energético sin afectar aún más a los consumidores colombianos.
