El levantamiento del secuestro del predio, entregado por el presidente Petro en el marco de la reforma agraria, genera incertidumbre entre los campesinos beneficiarios. La Agencia Nacional de Tierras advierte sobre una posible revictimización.
La reciente decisión de la Fiscalía 50, adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, de levantar el secuestro de la hacienda Bellacruz, en el municipio de La Gloria, Cesar, ha encendido las alarmas entre los campesinos que habían sido beneficiados con la entrega del terreno. El predio fue adjudicado en noviembre de 2024 como parte de la política de reforma agraria liderada por el presidente Gustavo Petro, pero ahora está en riesgo de ser devuelto a su anterior poseedor, Luis Alberto Urrego Contreras, un individuo señalado por su vínculo con el narcotráfico.
La asesora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Alexandra Pineda, expresó su preocupación ante lo que considera una acción injustificada de la fiscalía, al permitir la restitución del predio sin tomar en cuenta la resolución que sustentaba la entrega a los campesinos. “No queremos que los campesinos que recibieron la hacienda Bellacruz en el Cesar sean despojados de nuevo”, enfatizó Pineda, resaltando la incertidumbre que enfrentan las familias afectadas.
Una omisión administrativa que pone en riesgo la estabilidad campesina
Según información de medios nacionales, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debía presentar un recurso de reposición para demostrar que los terrenos estaban destinados a la reforma agraria y que su entrega había sido provisional para víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el plazo para interponer el recurso venció sin que la SAE actuara, lo que dejó el camino libre para que Urrego Contreras, quien aún enfrenta un proceso de extinción de dominio, reclamara nuevamente la propiedad.
“El artículo 93 de la Ley 1708, de extinción de dominio, establece que se podrá hacer una enajenación temprana por parte de la institución. Lo que nosotros vemos de parte de la fiscal es que ha hecho una acción injustificada y sin pruebas”, explicó Pineda, insistiendo en que la Fiscalía 50 debería aclarar las razones detrás de su resolución. Además, subrayó que la resolución 616, que avalaba la entrega a los campesinos, fue omitida en el análisis del caso.
Una mesa de trabajo para encontrar soluciones
Frente a la crisis desatada por la decisión judicial, diversas entidades han instalado una mesa permanente de trabajo en la que participan la Agencia Nacional de Tierras, la SAE, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la administración municipal de La Gloria y la Policía Nacional, entre otros organismos. Según Pineda, el objetivo es encontrar una salida que garantice el derecho a la tierra de los campesinos sin afectar otros intereses legítimos.
“En ese momento hemos generado una mesa permanente desde hace 20 días donde está toda la institucionalidad, la SAE, la Agencia Nacional de Tierra, la administración municipal de La Gloria, la institución de Policía, la Secretaría de Gobierno, pero también la Defensoría, la Contraloría, la Procuraduría, y todos estos agentes a quienes nosotros mismos hemos estado convocando”, indicó la funcionaria.
Garantías para los campesinos en medio de la incertidumbre
El Gobierno nacional insiste en que su prioridad es garantizar el acceso a la tierra para las comunidades campesinas, especialmente aquellas que han sido víctimas del conflicto. Pineda aseguró que incluso el abogado representante de Urrego Contreras ha sido convocado a la mesa de trabajo con el fin de encontrar una solución equitativa para ambas partes.
“Inclusive también hace parte el representante delegado, el abogado del señor Urrego en estas mesas de trabajo, porque efectivamente la idea es buscarle una salida donde se respeten los derechos de unos y otros, pero que sea una salida que realmente no afecte, digamos también, a esta comunidad campesina que ya fue víctima del conflicto armado y que no podemos volver a revictimizar”, concluyó.
Un precedente clave para la reforma agraria
El caso de la hacienda Bellacruz podría sentar un precedente importante en la implementación de la reforma agraria en Colombia. La falta de acción de la SAE y la decisión de la fiscalía han puesto en riesgo la estabilidad de cientos de campesinos que ya habían comenzado a trabajar la tierra.
Si no se logra una solución justa, este episodio podría convertirse en un obstáculo para futuras adjudicaciones de tierras y un golpe a la política de restitución de tierras del Gobierno Petro. La expectativa ahora se centra en las conclusiones que arroje la mesa de trabajo y en la respuesta de las autoridades frente a la incertidumbre de los campesinos.
Y.A.
