El Gobierno nacional analiza la expedición de siete decretos para sacar adelante varias de las iniciativas de reforma laboral.
En el paquete de lo que podría adoptarse está un decreto con la definición de qué es una tercerización laboral ilegal y la creación de multas de hasta 5.000 salarios mínimos. Esta disposición reemplazaría en parte la prohibición de contratos a término fijo o por obra o labor, que era la idea inicial de la reforma laboral.
También se analiza la vía libre a la huelga en servicios esenciales con la definición de cómo se definen los servicios mínimos a garantizar durante una huelga. Esto podría aplicarse incluso a sectores como los servicios públicos, que era otra de las propuestas de la hundida reforma laboral.
Según ese decreto, sería el inspector de trabajo el encargado de definir cuáles servicios deben garantizarse en una huelga si no hay acuerdos sobre este punto entre la empresa y los sindicados.
Un tercer punto tiene que ver con la negociación colectiva unificada por niveles. Es decir, la posibilidad de que las negociaciones no sean solo empresa a empresa, sino por sector económico o rama de actividad. Este punto hacía parte del paquete de derechos colectivos que se hundió mucho antes que el resto del texto.
