Antioquia se opone al Día Cívico propuesto por Petro: Gobernador y Alcalde afirman que el trabajo no se detiene

En una postura firme, tanto el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazaron la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el 18 de marzo como un Día Cívico en todo el país, en apoyo a las marchas que respaldan las reformas sociales del gobierno.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue claro al manifestar que no permitirá que se imponga un día de inactividad. «Veremos dónde cae este nuevo globo. Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia. En Antioquia honramos el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades», dijo Rendón, asegurando que el martes 18 de marzo se seguirán realizando actividades productivas, como la entrega de obras viales en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también expresó su desacuerdo con la decisión del presidente y dejó claro que las instituciones de la ciudad seguirán operando con normalidad. «El martes 18 de marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública», aseguró Gutiérrez. Además, resaltó la importancia del trabajo para el desarrollo económico: «No vamos a frenar el progreso de Medellín. Queremos que la economía siga creciendo y que se sigan generando empleos de buena calidad».

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro defendió la consulta popular y el Día Cívico en su cuenta de X, respondiendo al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien había cuestionado la legalidad del mecanismo. Petro reiteró que la Constitución de Colombia permite la aplicación de este tipo de consultas ciudadanas y afirmó que «millones de personas queremos aplicar la Constitución y la libertad que nos da».

Este desacuerdo entre el gobierno central y las autoridades locales de Antioquia refleja las tensiones políticas sobre el manejo de las reformas sociales y la participación ciudadana en Colombia.