Denuncias apuntan a la presencia de tucanes, guacamayas y otros animales en jaulas en el exclusivo sector de Montecarlos, donde reside el mandatario de Santa Marta y sus vecinos. La ley prohíbe este tipo de prácticas, pero las autoridades aún no han intervenido.
En el exclusivo sector de Montecarlos Reservado, ubicado en una de las zonas más privilegiadas de Santa Marta, se ha desatado una controversia sobre la presencia de varios animales silvestres enjaulados, cerca de las residencias de algunos de los personajes más influyentes de la ciudad.
A tan solo unos metros de la lujosa vivienda del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, se encuentran encerrados tucanes, guacamayas, urracas y hasta un mono aullador. Esta situación ha generado gran preocupación, especialmente por el hecho de que dichos animales están siendo mantenidos en condiciones que violan la ley.
Montecarlos Reservado es una urbanización de alto estrato, un conjunto de casas exclusivas que se erigen sobre un cerro cercano al conocido balneario de El Rodadero. Este sector ha sido reconocido por su alto valor inmobiliario, con viviendas que pueden superar los 7.000 millones de pesos, según estimaciones de la prensa local.
El terreno donde reside el alcalde Pinedo fue adquirido en 2022 por Bleidys Pérez Riquett, esposa del mandatario, quien compró el lote de Claudia Patricia Acelas Ballesteros, esposa del conocido empresario Manuel Dávila Villarreal. La propiedad, de acuerdo con la información oficial, fue adquirida por Pinedo en una transacción privada, pero la situación que ha trascendido en los medios no tiene que ver solo con el alto costo de las viviendas, sino con las prácticas que se están llevando a cabo en este exclusivo sector.
Según varias denuncias anónimas, las jaulas en las que se encuentran los animales silvestres están ubicadas cerca de las residencias de los mencionados empresarios. Se han registrado videos en los que se aprecian a varios tucanes, guacamayas y hasta un mono aullador, todos en espacios pequeños, donde apenas pueden moverse.
Las imágenes de los animales encadenados, que fueron compartidas en redes sociales, muestran cómo los tucanes y las guacamayas, especies endémicas de la región, se encuentran inmóviles, visiblemente afectados por el espacio reducido en el que viven.
La presencia de estos animales enjaulados es un claro indicio de tráfico ilegal de fauna, una práctica prohibida por la Ley 1801 de 2016, que establece severas sanciones para quienes mantengan animales silvestres sin la autorización adecuada.
El tráfico de especies, especialmente de aves exóticas como las guacamayas, ha sido un problema creciente en Colombia. La demanda por tener estas especies como mascotas ha puesto en peligro su supervivencia. El Instituto Humboldt ha alertado sobre el declive de muchas especies debido al desmedido tráfico ilegal, y el caso en Santa Marta no parece ser una excepción.
En el video filtrado, también se muestra al mono aullador, una especie que se encuentra en peligro de extinción debido a la deforestación y la caza indiscriminada. La presencia de estos animales en una propiedad privada no solo infringe la ley, sino que también pone en evidencia las falencias en la regulación y control sobre el tráfico de fauna silvestre en el país.
A pesar de las denuncias presentadas, las autoridades locales no han tomado medidas contundentes para investigar la situación. El alcalde Carlos Pinedo, quien había sido un firme defensor de las políticas de protección animal en Santa Marta, no ha dado una respuesta clara sobre la situación en su vecindario.
En un evento reciente, Pinedo había prometido un cambio en la política de protección animal en la ciudad, con el objetivo de fomentar una mayor conciencia sobre el bienestar de los animales. Sin embargo, la falta de acciones concretas ante este caso pone en duda la autenticidad de esos compromisos.
Patricia Acelas, esposa de Manuel Dávila, quien es mencionada en las denuncias como una de las propietarias de los animales, negó tener cualquier tipo de responsabilidad en el asunto. Acelas, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que solo posee animales domésticos como perros, gatos y gallinas, pero negó tener en su propiedad a cualquier animal silvestre. Sin embargo, las imágenes filtradas y los testimonios de los vecinos contradicen su versión, lo que añade aún más incertidumbre al caso.
La denuncia sobre el cautiverio de estos animales no solo afecta a la imagen del alcalde Pinedo, sino que también resalta una práctica ilegal que sigue siendo común en varias zonas del país. El tráfico de fauna, especialmente de especies autóctonas, sigue siendo un negocio lucrativo para muchos, y las leyes que protegen a los animales aún no son suficientemente estrictas o no se cumplen de manera efectiva.
Cabe mencionar que, en abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena falló en un caso relacionado con la disputa entre Patricia Acelas y el distrito de Santa Marta por una serie de daños derivados de un conflicto sobre terrenos en el sector de Montecarlos Reservado.
El tribunal reconoció la responsabilidad del distrito en los perjuicios causados a Acelas, debido a irregularidades en los procedimientos de desalojo de terrenos que afectaron su proyecto inmobiliario. Sin embargo, la reparación solicitada por Acelas, que ascendía a más de 30.000 millones de pesos, fue rechazada. En lugar de esa suma, el tribunal ordenó calcular el valor de la sala de ventas demolida, que se estimó en unos 300 millones de pesos.
Esta sentencia no dejó satisfechas a las partes involucradas. Tanto el distrito de Santa Marta como Acelas apelaron la decisión, lo que llevó el caso ante el Consejo de Estado. En octubre de 2024, el Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal del Magdalena, desestimando la demanda de Acelas, al no encontrarse pruebas que acreditaran la existencia de la sala de ventas en el momento de la intervención de la Inspección de Policía.
Este revés judicial dejó a Acelas sin la reparación solicitada, y el proceso pasó a una nueva etapa con el reclamo de reparación aún en pie. Mientras tanto, la polémica persiste sobre la presencia de animales silvestres en cautiverio en la propiedad de los involucrados, con denuncias de tráfico ilegal de especies como guacamayas y tucanes, situación que aún no ha sido resuelta por las autoridades.
Así las cosas, la situación también resalta una contradicción en la postura de los líderes locales. Por un lado, el alcalde Pinedo ha insistido en promover una Santa Marta más verde y ecológica, pero por otro, se ve involucrado en un caso donde se violan las normativas sobre la protección de la fauna silvestre.
Es crucial que las autoridades competentes, como la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), intervengan de manera inmediata para garantizar que se haga cumplir la ley y que los animales enjaulados sean liberados a su hábitat natural.
Este caso pone de relieve las contradicciones en la política ambiental de la administración de Carlos Pinedo. El tráfico de fauna silvestre sigue siendo un problema grave en Colombia, y la falta de acción por parte de las autoridades en Santa Marta deja en evidencia las debilidades en la regulación y el control sobre estas prácticas ilegales.
El alcalde Pinedo y las autoridades locales deben tomar medidas inmediatas para corregir esta situación, asegurando que se cumpla la ley y que los animales sean liberados y protegidos adecuadamente.
Y.A.
