La reforma laboral: entre la polarización y la falta de consenso para un verdadero cambio

La reforma laboral que se debate actualmente en el Senado está atrapada entre dos polos: la oposición que la archiva sin consideración y el gobierno de Petro que la respalda sin reservas, apoyado por sus aliados sindicales. Sin embargo, la polarización exacerbada por ambos bandos está impidiendo un debate profundo y constructivo sobre un tema que debería ser prioritario para mejorar las condiciones laborales y pensionales del país.

Aunque es indiscutible que los trabajadores deben recuperar lo que se les arrebató durante el gobierno de Uribe, la reforma que actualmente navega en el Congreso no cumple con este objetivo. Lejos de ser una solución eficaz, la propuesta que está siendo discutida en el Senado dista mucho de las demandas presentadas en los proyectos de las tres Centrales Sindicales en 2022 y 2023. Las promesas de un trabajo digno y con derechos no se están materializando, y mucho menos se están tomando medidas para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y la producción agropecuaria, quienes generan el 90% del empleo en el país.

Es alarmante que tanto la izquierda como la derecha estén utilizando esta reforma como un arma política, ignorando las verdaderas necesidades de los trabajadores y los sectores productivos. En lugar de marchar y movilizar a la población hacia el 2026 con promesas vacías, sería más efectivo generar una propuesta coherente que responda a los intereses del trabajo decente y la sostenibilidad de la producción nacional.

La propuesta laboral que se discute hoy es, por tanto, un naufragio que no parece beneficiar a nadie, ni a los trabajadores ni a los empleadores, y que no cumple con las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni con las necesidades de un país que lucha por un sistema económico más justo y equilibrado.

Es fundamental que se dejen de lado las motivaciones politiqueras y se apueste por una reforma realmente transformadora, que logre el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de la economía nacional.