Soledad, Atlántico. El abogado Alfredo Luis Gravini Simancas ha elevado un derecho de petición al presidente de la República, Gustavo Petro, denunciando la falta de control fiscal sobre el impuesto de estampilla ITSA, creado mediante la Ley 662 de 2001 para el desarrollo científico y tecnológico del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico (ITSA).
Gravini advierte que, a pesar de lo estipulado en la legislación vigente, la destinación de los recursos no está garantizando el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el impuesto. En el documento enviado al mandatario, el abogado señala que tanto la Contraloría General de la Nación como la Contraloría Departamental del Atlántico han omitido su función de vigilancia y control fiscal sobre estos recursos, tal como lo establece la ley 662 del 2001, lo que ha permitido un manejo irregular del tributo.
Según el denunciante, el convenio interadministrativo entre el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, que delega la gestión del recaudo y destinación de la estampilla a la administración distrital, está siendo incumplido. Gravini sostiene que los fondos están siendo redirigidos hacia la Institución Universitaria de Barranquilla, en contravía de la normativa que establece que los recursos deben destinarse exclusivamente al plan de inversiones del Instituto Tecnológico de Soledad ITSA.
Además, el abogado señala que el Concejo Distrital de Barranquilla no tiene facultades para modificar la destinación de los recursos ni para crear tributos que contravengan la Ley 662 de 2001. Según su denuncia, la administración distrital de Barranquilla estaría actuando sin fundamentos constitucionales ni administrativos para justificar la desviación de los fondos.
Gravini ha solicitado al presidente Petro que el Gobierno Nacional se constituya en parte civil dentro del proceso penal en curso en la Fiscalía General de la Nación contra el Distrito de Barranquilla por el posible delito de peculado por aplicación oficial diferente, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
El denunciante también reclama el cumplimiento de la Ley 423 de 1998, que ordena la construcción y dotación de la Casa de la Cultura «Francisco Pacho Galán» en Soledad, así como el fortalecimiento de la identidad histórica y cultural del municipio, exaltando figuras como el poeta Gabriel Escorcia Gravini y el compositor Rafael Campo Miranda.
Esta situación ha generado un debate en la comunidad educativa y cultural de Soledad, que exige respuestas claras sobre el destino de los recursos y el cumplimiento de las normas que rigen este tributo. Se espera que las autoridades competentes se pronuncien y tomen las medidas necesarias para garantizar la correcta administración de los fondos públicos.
