El expresidente y líder del Partido Liberal acusa al Gobierno de Gustavo Petro de presionar y amenazar a congresistas que se oponen a la reforma laboral. Solicita la intervención urgente de la CIDH.
El expresidente César Gaviria denunció ante la CIDH al presidente Gustavo Petro por presuntas amenazas y persecución contra senadores que buscan archivar la reforma laboral.
El expresidente de Colombia y actual director del Partido Liberal, César Gaviria, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presidente Gustavo Petro y su Gobierno por presuntas amenazas y actos de persecución política contra senadores que se han opuesto a la reforma laboral.
En una carta dirigida al presidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, Gaviria alertó sobre la situación de varios senadores de la Comisión Séptima del Senado, quienes han sido objeto de presiones y amenazas tras firmar la ponencia para archivar la reforma.
Uno de los casos más graves, según Gaviria, es el del senador Miguel Ángel Pinto, cuya hija, Silvia Pinto Vargas, fue despedida del Fondo Nacional del Ahorro en lo que calificó como una represalia política. Además, denunció que el congresista ha sido acusado falsamente de vínculos con grupos paramilitares para desprestigiar su labor legislativa.
La denuncia también menciona a otros senadores afectados, como Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, quienes han sido señalados como «enemigos de los trabajadores» y han recibido amenazas por oponerse a la agenda del Gobierno.
Gaviria advierte que esta situación hace parte de una estrategia de estigmatización y persecución contra quienes disienten de las políticas gubernamentales. «El desacuerdo legítimo con las reformas del Gobierno se castiga con despidos injustificados y campañas de difamación», afirmó.
El expresidente también cuestionó la actitud del Gobierno frente a las órdenes judiciales, señalando el caso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien enfrenta un proceso de desacato por incumplimiento de fallos de la Corte Constitucional sobre el acceso a la salud.
Ante este panorama, Gaviria pidió la intervención urgente de la CIDH para exigir al Estado colombiano garantizar la seguridad de los congresistas afectados y respetar la independencia del Congreso. «La democracia colombiana no puede permitir que sus representantes sean silenciados mediante la intimidación», concluyó.
Y.A.
