Diana Amaya Gil, ex funcionaria de la Alcaldía de Barranquilla, podría enfrentar hasta siete años de prisión por no cumplir con una sanción económica impuesta a la demolición ilegal de un inmueble en el barrio El Prado.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
La ex-secretaria de control urbano y espacio público de la Alcaldía de Barranquilla, Diana Amaya Gil, quien desempeñó este cargo entre 2012 y 2015, ha sido formalmente vinculada a un proceso penal por no haber cobrado una multa de $62.400.000 a los responsables de la demolición ilegal de una casa de patrimonio histórico en el barrio El Prado. Este acto habría ocurrido durante su gestión, y la multa había sido previamente impuesta por su predecesor, Jorge Rosales Steel.
El caso está relacionado con la demolición de un inmueble ubicado en la Carrera 61 No 66-145, que fue derribado sin las debidas licencias urbanas ni permisos del Ministerio de Cultura. En su lugar, se construyó un edificio de cinco pisos destinado a la explotación comercial. La audiencia de control de garantías se celebró el 12 de marzo de 2025 ante el Juez 2 Penal Municipal de Barranquilla, bajo el radicado 08-001-60-01257-2018-05853, donde se le imputó el delito de prevaricato por omisión.
080016001257201805853formulacion de Imputacion by LIBERTAD DIARIO
Diana Amaya Gil, que en la actualidad trabaja como contratista de la Gobernación del Atlántico, como asesora del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, se enfrentará a una posible condena que va desde los dos años y seis meses hasta siete años y cinco meses de prisión, junto con una multa de hasta 75 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por hasta 144 meses.
Los hechos salieron a la luz cuando una firma de abogados obtuvo una decisión favorable en una acción popular en 2022, la cual fue conocida por el Juez 6 Administrativo del Circuito de Barranquilla. Este fallo evidenció la negligencia de la ex funcionaria, quien, según la acusación, no tomó las medidas necesarias para revertir la situación y no hizo efectivo el cobro de la multa impuesta, a pesar de su obligación legal.
En este contexto, la firma de abogados, representada por el Dr. Víctor Manuel Ríos Mercado, ha intervenido en el proceso judicial en calidad de víctima, con el objetivo de evitar que el caso quede impune. «Para nosotros la verdad debe salir a la luz pública, es inexplicable que esta funcionaria no haya cumplido con su deber legal y constitucional por su hoja de vida y experiencia», señaló el Dr. Ríos. Además, insistió en que se debe evitar que se produzcan actos de perdón o impunidad que puedan empañar el proceso judicial.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la responsabilidad pública de los funcionarios encargados de velar por la preservación del patrimonio histórico y el cumplimiento de las normativas urbanísticas. Los barranquilleros esperan que el juicio se lleve a cabo sin obstáculos, y que se haga justicia por los daños ocasionados a la ciudad y su legado cultural.
Y.A.
